La Fiscalía retira su petición de cárcel y pide multas para los jóvenes que irrumpieron en el Parlamento vasco en 2005

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional retiró hoy su petición de un año de cárcel y solicitó multas de 15.000 euros para los siete jóvenes que irrumpieron el 17 de febrero de 2005 en Parlamento vasco para reclamar la autodeterminación del País Vasco y rechazar los juicios contra la juventud vasca cuando se estaba celebrando el proceso contra las organizaciones Jarrai, Haika y Segi, vinculadas a ETA.

Durante el juicio, que se desarrolló ante el Juzgado Central de lo Penal y quedó visto para sentencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo justificó el cambio de criterio del Ministerio Público argumentando que los jóvenes perturbaron el orden de sesión pero no de forma grave. De igual modo, consideró los hechos "sobradamente acreditados" tanto porque los acusados los reconocieron como por la "claridad" del vídeo de la sesión cedido por ETB, que fue visionado en la vista como prueba documental.

Los acusados, Egoitz Garmendia Vera y Naroa López Susaeta por un lado y Jon Ander García Estíbalez, Aitor Juárez Martínez, Ángel Chisvert Sojo, Olatz Urbina Fernández y Oier Martínez del Campo Apaolaza por otro, reconocieron que entraron en el hemiciclo y en la tribuna de invitados, respectivamente, cuando intervenía la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, y que exhibieron de forma coordinada carteles con el lema 'Epaiketarik ez gazteok, autodeterminazioa orain' ('No a los juicios, autodeterminación de los jóvenes ahora'). Asimismo, gritaron de forma repetida la consigna "Euskal Gazteria, aurrera" ("Juventud vasca, adelante").

"CRIMINALIZACIÓN" DE LA JUVENTUD

Uno tras otro, los acusados fueron relatando ante el juez central de lo Penal José María Vázquez Honrubia que realizaron la protesta para denunciar la "criminalización" que, a su juicio, sufre la juventud vasca por defender el proyecto político de la independencia y el socialismo. "Vamos a seguir luchando en pro de nuestros derechos y nadie va a parar a la juventud vasca", advirtió Oier Martínez.

Su defensa, ejercida por la abogada y miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Jone Goirizelaia, reclamó la libre absolución de los acusados, al entender que realizaron "una protesta puntual, breve y pacífica", que se callaron cuando se lo ordenó el entonces presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y que abandonaron el salón de plenos sin plantear resistencia a los servicios de seguridad.

De igual modo, pidió que el vídeo no fuera admitido como prueba por no contar con el certificado de autenticidad de la ETB y denunció "dilaciones indebidas" en el procedimiento.

INTERROGATORIO A CARMELO BARRIO

El momento de mayor tensión del juicio se produjo cuando Goirizelaia interrogó al diputado vasco del PP Carmelo Barrio, quien el día de los hechos arrebató la pancarta que portaba uno de los dos jóvenes que se situaron junto a Zenarrutzabeitia.

El parlamentario, testigo de la acusación popular ejercida por el Foro Ermua, acusó a los jóvenes de "irrumpir ilegítimamente en el Salón de Plenos y boicotear el trabajo de la Cámara". La abogada defendió que Barrio no pudo ver la entrada de los jóvenes desde su posición en el hemiciclo y le acusó de tener "animadversión" hacia ellos.

El abogado del Foro Ermua, Fernando García-Capelo, pidió que los siete acusados sean condenados a un año de cárcel porque, a su entender, provocaron "una perturbación grave en el contexto de los actos de reivindicación de un grupo condenado por terrorismo", en alusión a Jarrai.

Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 27 años, accedieron a la sede del Legislativo vasco como invitados del Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak. Según la prueba videográfica, al menos tres de ellos vestían con camisetas rojas similares a las utilizadas por los acusados en el juicio de Jarrai, si bien el jefe de Seguridad del Parlamento y un ertzaintza que comparecieron en el juicio no fueron capaces de confirmar este extremo.

Tras los incidentes, los cinco jóvenes que accedieron a la tribuna de invitados fueron trasladados a una comisaría de la policía autonóma vasca y puestos en libertad ese mismo día.