Afirma que no ha existido "riesgo" de que Batasuna dispusiera de los locales y que informó ayer al fiscal para que diera cuenta al TS
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón firmó el pasado viernes un auto por el que quedó ratificado el embargo de 55 "herriko-tabernas" del País Vasco y Navarra sobre las que actuó en abril de 2002, en el marco de la causa en la que investiga la presunta sumisión de Batasuna a ETA a través de la actividad de estos establecimientos. El juez dio cuenta de su decisión ayer mismo a la Fiscalía, a petición de ésta, para que lo hiciera llegar a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, encargada de liquidar los bienes de la formación política ilegalizada.
Las anotaciones realizadas en su día en los registros de propiedad donde se encuentran inscritas las diferentes "herrikos" quedaron sin efecto el 29 de abril de 2006, fecha en la que se cumplieron cuatro años de la adopción de esta medida, a pesar de lo cual ningún titular de estos locales ha dispuesto en forma alguna de los locales, según comprobó el propio Garzón el pasado lunes mediante el envío a dichos registros de agentes de la Ertzaintza.
Así lo pone de manifiesto el propio magistrado a través de una nota de prensa en la que califica de "inveraces" y portadoras de "datos inexactos" las informaciones publicadas hoy en medios de prensa sobre este asunto. En dicha nota, señala que la disposición por Batasuna de los citados locales "era imposible" habida cuenta de que tendría que haber sido autorizada por el administrador judicial y por él mismo, ademas de informada por el Ministerio Fiscal, y "no se ha producido, ni ha habido intención alguna de hacerlo por ninguno de sus titulares, como consta acreditado en la causa al día de la fecha".
De haber intentado los titulares de las "herrikos" disponer de estos establecimientos "se habría incurrido por quien así actuara en los posibles delitos de alzamiento de bienes, quebrantamiento de medidas cautelares reales y colaboración con banda armada", advierte. Por su parte, el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Vicente González-Mota, apuntó hoy que de haber sabido su departamento que alguien trataba de hacer uso de las "herrikos" embargadas hubiera ejercido las "acciones penales oportunas".
LOS EMBARGOS NO HAN CADUCADO.
Fuentes cercanas al Juzgado explicaron que los embargos decretados en su día por Garzón no han caducado en ningún sentido porque fueron acordados en el marco de la investigación penal a Batasuna "a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias o como instrumentos del delito que en su día pudieran declararse en sentencia" y que esta medida sólo tiene repercusión en la jurisdicción penal. Si el Supremo pretendía aplicar esta medida con efectos civiles, según las mismas fuentes, podría decretar un segundo embargo.
El auto de Garzón reconoce que en abril de 2006 quedaron sin efecto las anotaciones en su día ordenadas en los registros de la propiedad, que tenían efectos frente a terceros, es decir, que podrían haber repercutido en la información sobre dichos locales que hubieran solicitado, por ejemplo, unos posibles compradores. En dicha fecha, Garzón se encontraba de viaje de estudios en EE.UU. y era sustituido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 por el juez Fernando Grande-Marlaska.
Garzón insiste en que los embargos continúan vigentes y que fueron ratificados en su auto del pasado viernes tras "una revisión exhaustiva de la causa" que nada tiene que ver con los trámites que desarrolla el Supremo para la liquidación patrimonial de los bienes de la organización ilegalizada. Además, el juez ya comunicó "oportunamente" dichos embargos al alto Tribunal en fechas 25 de marzo de 2003, 28 de abril de 2006 y los días 8 y 27 de noviembre de ese mismo año.
Añade que ayer mismo se entregó testimonio de su resolución al Ministerio Fiscal para su presentación en el Tribunal Supremo, un mandamiento que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha cumplido, según manifestó hoy el portavoz de la misma.
MALESTAR DEL JUEZ.
En la nota de prensa remitida hoy, el juez manifiesta su "pesar" por el hecho de que los periódicos que publican hoy noticias sobre esta cuestión no hubieran contrastado la información en su Juzgado "en un tema de tanta sensibilidad pública" y que ello "haya servido para atacar injustamente" su trabajo. Considera que de habérsele consultado se habría podido evitar "una confusión innecesaria y ciertamente perjudicial en demérito de la Administración de Justicia".
En la causa que tramita Garzón contra Batasuna se encuentran ya procesados varios dirigentes de la organización ilegalizada por el Tribunal Supremo, entre ellos el líder de la misma Arnaldo Otegi, que se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros por un presunto delito de integración en organización terrorista.
