MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los presuntos integrantes de la Red Empresarial de Gestoras Pro Amnistía justificaron hoy las actividades que llevaban a cabo en la organización por el gasto que, según dijeron, tenían que afrontar los familiares de los presos de la banda terrorista ETA para poder visitarles durante sus estancias en la cárcel.
Durante la sesión de la tarde de la primera jornada del juicio que comenzó hoy la Audiencia Nacional contra el colectivo que prestaba apoyo a presos etarras, el acusado Jon Imanol Beaskoa explicó que la labor de este entramado consistía en recaudar fondos entre ayuntamientos y particulares, a través de sorteos y rifas, para sufragar las 3.000 visitas que realizaban los familiares de los presos cada mes. "El gasto podía ascender a 30 millones de euros", apuntó.
En la misma línea se manifestó Juan Antonio Madariaga, quien tachó de "lacra" y "política criminal" la estrategia de "dispersión, aislamiento y castigo añadido a las familiares" que diseñó en 1987 el Gobierno de Felipe González y que se ha mantenido desde entonces. "Ni los beneficios de mil empresas serían suficientes para paliar el coste que supone la dispersión", aseguró ante el tribunal.
El tercer integrante al que el escrito de acusación sitúa en la Red Empresarial de Gestoras, Jorge Luis Redondo, se definió a sí mismo como "conductor" y "transportista", y declaró que su labor se limitaba a trasladar "de pueblo en pueblo" las 'txoznas' (casetas) con las que la organización recaudaba fondos destinados a sufragar los viajes de los familiares de los encarcelados. "Actué así en solidaridad con los presos políticos vascos", apuntó.
Por su parte, el responsable de Tesorería, Gorka Zulaika, justificó su participación en las actividades de este colectivo tras detallar que sufrió en su "propia carne" los efectos de "la dispersión y la lejanía" de los presos. De igual modo, negó la "legitimidad" de la Audiencia Nacional para juzgarle y señaló que el proceso tiene como único objetivo que "los movimientos pro amnistía desaparezcan de la calle".
GESTORAS PRO AMNISTÍA, "AGENCIA DE PRENSA".
Según los testimonios recogidos en el juicio, Gestoras Pro Amnistía también actuaba como "una agencia de prensa que venía a poner en evidencia los puntos negros de la democracia española", tal y como indicó Jesús Felipe Arriaga, uno de los responsables de Comunicación de la organización.
El acusado aprovechó su testimonio ante el tribunal para reivindicar la "libertad de expresión, prensa e información" y reclamar "amnistía para el conjunto de los represaliados políticos vascos y libertad para este pueblo".
A estos testimonios se sumó el del responsable del departamento de Relaciones Internacionales, Julen Arzuaga, quien aseguró haber recogido, en nombre del Observatorio de Derechos Humanos Behatokia, "la solidaridad" de movimientos políticos "similares", entre los que citó los de la República de Irlanda, Palestina, el Sáhara, el Kurdistán o Colombia.
Ante el tribunal también testificaron Maitane Méndez, responsable de Comunicación de Gestoras; Sabin Juaristi, Iñaki Loizaga y Asier Virumbrales, integrantes de Askatasuna --la organización que tomó el testigo de Gestoras Pro Amnistía tras su ilegalización en diciembre de 2001--; e Ixone Urzelay, miembro de las asociaciones de familiares de presos Senideak y Etxerat Ixone Urzelay y Asier Virumbrales.
Todos ellos defendieron la labor de esta organización, como respuesta a la "estrategia de dispersión y represión" que atribuyeron a los Estados español y francés. "No nos entendéis a los vascos en España. No es un problema de lengua, es un problema de mentalidad", opinó Juaristi.
La negativa de los 27 acusados a responder a las preguntas del fiscal Carlos Bautista y de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), permitió concentrar todas sus comparecencias en la primera jornada del juicio, a pesar de que el tribunal también había habilitado la jornada de mañana para este cometido.