Archivo - (I-D) La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Política Territorial y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, posan a su llegada a - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Política Teritorial alcanzó en el mes de febrero un acuerdo con la Junta de Extremadura para evitar llevar al Tribunal Constitucional (TC) el artículo 30 de su ley de racionalización y simplificación administrativa.
En concreto, ambas partes han acordado que la interpretación de dicho artículo debe hacerse sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación como organismo nacional de acreditación.
De este modo, ambas partes coinciden en interpretar la acreditación a la que se refiere el artículo 30 como el acto de habilitación de las entidades colaboradoras de certificación que no incluye la potestad de otorgar acreditaciones en el marco del Reglamento (CE) N 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de Julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y por el que se deroga el Reglamento (CEE) N 339/93.
Asimismo, ambas partes coinciden en aplicar e interpretar que las entidades colaboradoras de certificación a las que se refiere el artículo 30 realizarán funciones de verificación y tareas materiales o técnicas de inspección, verificación y control excluyendo los actos de contenido jurídico y resolutorio. Esta interpretación se incorporará también en el desarrollo reglamentario que se haga de la norma.
Con este último acuerdo, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha alcanzado un total de 151 acuerdos finales totales a lo largo de esta legislatura sobre diferentes normativas competenciales con las comunidades autónomas.
