Gobierno aprueba una norma para que todas las administraciones asuman ante la UE la responsabilidad por sus decisiones

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para que todas las Administraciones respondan de sus decisiones y asuman sus responsabilidades por los incumplimientos del derecho de la Unión Europea.

"Es una norma muy técnica pero importante ya que de lo que se trata es de que cada uno asumamos nuestra responsabilidad a la hora de cumplir las obligación derivadas de nuestra pertenencia a la Unión y del derecho de ella derivada", ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Según ha explicado, hasta ahora existían "previsiones legales dispersas en distintas materias" que determinaban quién asumía esa responsabilidad en caso de incumplimiento, pero el Estado era el que daba "la cara" o "al que se dirigían las Instituciones comunitarias", aunque tuviera o no "capacidad para evitar el incumplimiento por carácter de competencia en la materia".

"Sin embargo, no había una norma general, no se había desarrollado hasta ahora a pesar de que si se ha hecho en otros ordenamientos jurídicos como Alemania", ha añadido, para destacar que la nueva norma, además de generar una "mayor seguridad jurídica", mejora "la coordinación entre administraciones para que pueda conocerse qué tipo de responsabilidad puede derivar de cualquier procedimiento y anticiparse a posibles incumplimientos".

La norma da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera --que consagra el principio de responsabilidad individualizada de cada Administración--, y establece por primera vez en el ordenamiento jurídico español "un sistema general de reparto de responsabilidades entre Administraciones ante cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho europeo, así como el procedimiento para hacerlo efectivo".

El Real Decreto aprobado hoy cuenta con un procedimiento general, aplicable a cualquier tipo de Administración y entes públicos y ante cualquier incumplimiento de Derecho europeo que lleve asociado el pago de una multa, una corrección financiera, la minoración de la cuantía de las transferencias o fondos que a España le pueden corresponder del presupuesto de la Unión Europea.

PAGO DE LA DEUDA GARANTIZADO

Además, supone la mejora de las garantías de pago por parte del sujeto realmente incumplidor, lo que contribuye, según el Gobierno, a un reparto más equitativo de responsabilidades. En el caso de no producirse el pago voluntario, el pago de la deuda se encuentra garantizado mediante la compensación, deducción o retención en el sistema de financiación.

Con carácter general será el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien instruya estos procedimientos, y será el Consejo de Ministros quien resuelva en un plazo máximo de seis meses. Para el pago de la deuda, el Consejo de Ministros ejecutará la resolución.

La norma, para cuya elaboración el Gobierno ha contado con la opinión de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, también establece un procedimiento especial para los casos en los que el sujeto responsable pertenezca al sector público estatal con la finalidad de hacerlo más ágil.

"Con ello también damos un cumplimiento mejor a nuestros compromisos europeos y a nuestra imagen institucional como país y convergemos con otros países de nuestro entorno que tienen procedimientos de naturaleza similar", ha concluido la vicepresidenta.