Gobierno baelar pide a la Delegación del Gobierno que anule la sanción a Inmigración o acudirá a los tribunales

PALMA DE MALLORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern aprobó hoy un requerimiento de anulación de la sanción de 6.001 euros impuesta por Inspección de Trabajo a la Conselleria de Inmigrcaión y Cooperación por la contratación irregular de la jefa de Gabinete del Departamento, Laura Giorgio, advirtiendo que de no se retirase la resolución sancionadora, acudirán al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para demandar lo que consideran un caso de "prevaricación".

Así lo anunció en rueda de prensa posterior el portavoz del Govern, Joan Flaquer, quien se mostró "convencido" de que los Tribunales darán la razón al Ejecutivo autonómico. "Se ha cumplido con la ley, que es muy clara en este sentido. Creemos que tenemos razón y apoyamos, tanto el Govern como el PP, a la consellera y a su jefa de Gabinete", dijo.

En la resolución aprobada por el Consell de Govern se especifica que si bien Giorgio había solicitado los trámites administrativos pertinentes para el cambio de actividad laboral, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 2/1989, de 2 de febrero, de la función pública de Baleares, "no era necesario disponer de este requisito, puesto que su contratación como personal de carácter eventual se inscribe dentro de los denominados cargos de confianza y asesoramiento especial".

Además, añade que la contratación de la directora del Gabinete se ampara en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, en aplicación de la cual, dice, "las autorizaciones de trabajo y residencia figuran en la Instrucción de la Dirección general de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de diciembre de 2005".

Afirmó que los servicios jurídicos del Govern consideran que la Inspección de Trabajo primero, y después la Delegación del Gobierno, ignoran esta instrucción. "Es obvio que la situación laboral de la directora del Gabinete es una excepción según se recoge en el citado artículo 40, por el que la sanción impuesta no es conforme a derecho, por lo cual debe procederse a su anulación", concluye.

Por otra parte, Flaquer insitió en rechazar la actuación "muy desafortunada" del delegado del Gobierno, Ramón Socías, y del PSIB, al considerar que han mezclado cuestiones de carácter personal "que nunca deberían haberse tratado", opinó, y que "dicen poco en su favor".

"Antes de impulsar un contencioso-administrativo, nos parece positivo intentar buscar puntos que permitan mejorar las relaciones entre las dos Administraciones. No deseamos tener que llegar a los Tribunales, por lo que pedimos a Socías que se replantee esta cuestión", finalizó.