BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno catalán acordó hoy no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley estatal de Dependencia, por considerar que "no invalida" el desarrollo de un modelo catalán propio de servicios sociales.
El presidente, José Montilla, hizo este anuncio tras la reunión del Consell Executiu, que acordó no ir al Alto Tribunal, contradiciendo así la opinión del Consell Consultiu de la Generalitat, que juzgó inconstitucional el 70% de la normativa estatal por vulnerar competencias del Estatut.
"La ley estatal de Dependencia no limita el ejercicio de nuestras competencias en materia social y nos dotará especialmente de recursos", indicó Montilla, quien se mostró favorable a no poner en peligro las ayudas que recibirán 220.000 catalanes con la entrada en vigor de la ley.
Según Montilla, la normativa estatal no ataca a la Generalitat porque "no supondrá la creación de una red paralela de servicios sociales", y tampoco condicionará el despliegue de la Ley de Servicios Sociales de Catalunya, aprobada por el Govern y remitida al Parlament.
Montilla quitó hierro al dictamen del Consultiu y recordó que su opinión "no es vinculante", arguyendo que ha habido "muchos precedentes" similares durante los 23 años de gobierno de CiU en Catalunya, como en el caso de la Ley Orgánica de Universidades.