Actualizado 03/04/2007 21:33 CET

Gobierno catalán reclamará al Gobierno el traspaso de Cercanías y los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell en 6 meses

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, anunció hoy la voluntad del Gobierno catalán de acudir a la próxima reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para reclamar los traspasos de la gestión de Cercanías de Renfe y de los aeropuertos de Girona, Reus (Tarragona) y Sabadell (Barcelona) "por la vía rápida", que fijó en unos seis meses.

Para el despliegue del Estatut, el Govern se ha establecido cuatro prioridades de negociación con el Estado: los traspasos de Cercanías de Renfe, de Inspección de Trabajo, de las Políticas Activas de Ocupación y de los aeropuertos catalanes. Este último punto no se desprende directamente del texto del Estatut, pero Carod señaló que "existen posibilidades" de que se produzca en virtud de una "negociación política".

Tras el acto reivindicativo de la sociedad civil y el empresariado catalán por el aeropuerto de El Prat, el Gobierno catalán ha puesto entre sus prioridades la negociación con el Estado para crear "un sistema aeroportuario propio de Catalunya", un proyecto que se plantea desarrollar "en dos tiempos", empezando por "la parte más fácil", que sería la desclasificación de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell como aeropuertos de interés general para que la Generalitat pueda encargarse de su gestión.

Carod consideró que "no debería haber problema" para que el Estado desclasifique estos aeropuertos, puesto que "no requiere más que voluntad política", y reclamó que esto se haga de la forma más rápida posible, "y los técnicos de la Generalitat han advertido que las veces que se ha tardado menos en ejecutar un traspaso, desde que se reclama al Gobierno central hasta que se ha hecho efectivo, han pasado seis meses", plazo que el Govern se ha fijado como óptimo.

El mismo plazo se plantea para asumir la gestión de Cercanías de Renfe, en función de la resolución aprobada en el pleno del Parlament de la semana pasada de forma unitaria por todos los grupos, que reclamaba "el traspaso inmediato" de este servicio "dotado de los recursos" e inversiones necesarias para su ejecución.

Carod señaló que, "en tanto que los recursos para este servicio deberán venir del Estado de forma permanente" una vez se haya traspasado su gestión, el Govern podría asumir este traspaso lo antes posible, sin esperar a la ejecución de las inversiones previstas en el plan de choque establecido por el Estado, sino asumiendo él mismo su ejecución. No obstante, Carod señaló que todo esto dependerá del resultado de la negociación con el Estado.

EL PRAT, PARA LA SEGUNDA FASE DE NEGOCIACIÓN.

En cambio, la negociación para el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat se dejaría para "una segunda fase", una vez se hayan traspasado ya los otros tres aeropuertos catalanes, en tanto que el Govern "es consciente de la complejidad" que conllevará constituir un consorcio de gestión para El Prat con participación de la Generalitat. Carod señaló además que "no sería realista" pensar que el Estado se apartará de la gestión de esta infraestructura, "pero el objetivo es que la Generalitat entre".

"El Estatut no obliga a traspasar la gestión de aeropuerto de El Prat, pero en virtud de una negociación política podría ser traspasado. Hemos de activar la imaginación, al lado del realismo político, para ver cómo Catalunya pede disponer un sistema de aeropuertos digno y gestionado desde aquí", afirmó.

Con estos planteamientos, los representantes del Govern acudirán el próximo 16 de abril a la segunda reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, de la que hoy Carod dio cuenta a los grupos parlamentarios catalanes en el marco del Consejo de Impulso y Seguimiento del despliegue del Estatut.

Carod constató el acuerdo unánime de todos los partidos en que el traspaso de Cercanías ha de ser "una prioridad", no así con el traspaso de Inspección de Trabajo y Políticas Activas de Ocupación, cuestiones en las que PP y C's consideran que se debería esperar al dictamen del Tribunal Constitucional (TC) y en las que CiU está de acuerdo pero con condicionantes. El vicepresidente remarcó la "discrepancia" con PP y C's y aseguró que el Govern "desplegará el Estatut sin esperar la sentencia del TC", dado que es una ley vigente.

Los grupos fueron informados también de que el próximo 12 de abril, se reunirá el grupo de trabajo que --formado por representantes de la Conselleria de Economía y del Ministerio de Economía-- está negociando la metodología de cálculo del aumento de las inversiones estatales en Catalunya que fija el Estatut para los próximos siete años, y que deberá empezar a aplicarse en la Comisión de Infraestructuras, que finalmente tiene fecha de constitución: el 27 de abril.