MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está trabajando sobre varias posibilidades para expulsar o impedir que un partido ilegalizado, como en este caso es ANV, gobierne ayuntamientos u otras instituciones. Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, se están estudiando todas las posibilidades, entre ellas la modificación de la Ley Electoral y la de de Partidos Políticos, además de la Ley de Bases de Régimen Local.
Sobre este asunto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció hoy que su Departamento ha sugerido al Gobierno una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local mediante la cual se impediría que los concejales de ANV permaneciesen en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, al contrario de lo que ocurre ahora, ya que, dada su condición de cargos electos se mantienen en los ayuntamientos, pese a la ilegalización del partido por el Tribunal Supremo.
"Nos hemos dirigido al Gobierno sugiriendo una posible y sencilla solución legislativa, que es la única constitucionalmente viable, para resolver, al menos en el ámbito de la Ley de Régimen Local, aquellos supuestos en los que las pruebas de vinculación de un partido o candidatura con una organización terrorista se obtienen después de las elecciones y por tanto ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial", dijo Conde-Pumpido en la Comisión de Justicia del Senado.
Tras estas afirmaciones, fuentes de Justicia precisaron a Europa Press que la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local es una de las opciones, pero que también se está estudiando la posibilidad de introducir cambios en la Ley Electoral y en la Ley de Partidos Políticos.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que el asunto es enormemente complejo por la limitación que realiza la doctrina constitucional en relación con el escaño. Es decir, la imposibilidad de despojar del escaño a quien lo ha obtenido en unas elecciones.
También consideran que la posibilidad de limitar las atribuciones de los concejales de una formación ilegalizada supone una gran dificultad, desde el punto de vista jurídico. Es decir, la opción de que los concejales de ANV mantengan su escaño pero se les impida el gobierno de la corporación municipal, por ejemplo, tampoco es una cuestión fácil de abordar.
Por este motivo, el equipo jurídico del Estado está analizando todas las opciones posibles, sin descartar que se tengan que modificar más leyes que la Ley de Bases de Régimen Local, en cuyo artículo 61.2 contempla la posibilidad de disolver una corporación municipal si da "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
Así, la Ley Electoral General o la Ley de Partidos Políticos son algunas de las leyes que podrían tener que modificarse para impedir que los miembros de un partido ilegalizado gobiernen en los ayuntamientos u otras instituciones.
Las dificultades que plantea esta reforma impiden que se pueda hacer con mayor celeridad, según explicaron las fuentes consultadas. De hecho, este es un asunto en el que el Ejecutivo lleva trabajando ya varios meses. Además, si finalmente se optara por reformar algunos preceptos de Leyes orgánicas, la solución a esta cuestión podría dilatarse hasta un año, debido al consenso que se necesitaría para abordar estos cambios.
