El gobierno local de Mérida pide la dimisión de los ediles del PP que aprobaron el contrato del ex gerente de transporte

MÉRIDA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Mérida, a través de la presidenta del Consejo de Administración de Transportes Urbanos de Mérida, Mercedes Moyano, solicitó hoy la "dimisión como concejales" de los integrantes del Grupo Municipal Popular presentes en la aprobación del contrato "blindado" del ex gerente de dicha empresa, Prudencio González, cuando el PP gobernaba en la ciudad.

En rueda de prensa, la también concejal socialista explicó los actuales concejales del PP que formaban parte del equipo de Gobierno que aprobó el contrato de González son Pilar Vargas, Francisco Robustillo, Manuel Gámez y Alfredo de la Rubia.

Asimismo, consideró "muy graves" las palabras de Pilar Vargas en las que señaló que no estuvo presente en la reunión en la que se blindó el contrato del ex gerente de la empresa de transportes, dado que su presencia "consta en el acta" del día en el que el consejo de administración aprobó dicho acuerdo.

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Moyano pidió exigió hoy "responsabilidades políticas" a los concejales del PP porque, como anteriores miembros de dicho consejo de administración son los "culpables" de que los emeritenses "tengan que sufragar" la indemnización solicitada por el ex gerente, estimada en 205.000 euros aunque "hace un mes solicitó 48.000", apostilló.

Por otro lado, Moyano se refirió a la subvención que otorga el Ministerio de Economía y Hacienda para financiar el servicio de transporte cercana a los 270.000 euros y que, este año, el consistorio "la ha perdido" por no haberla solicitado el ex gerente.

En referencia a dicha cuestión, Moyano consideró "muy grave" que los ciudadanos de Mérida tengan que pagar la indemnización solicitada por el ex gerente y la subvención "perdida", es decir, algo más de 470.000 euros que "tendrán que salir" de las "arcas municipales por el lío" provocado por el "anterior equipo de gobierno".

Por otro lado, explicó que actualmente el consistorio "está a la espera" de que el juzgado de lo social de Badajoz tome una resolución donde indique si el ayuntamiento tiene que pagar o no dicha la indemnización de 205.000 euros a Prudencio González.

De todos modos, Mercedes Moyano aseguró que el Ayuntamiento de Mérida utilizará "todas las vías legales" para que el consistorio "no tenga que pagar" dicha indemnización.

Además añadió que el ayuntamiento también va a pedir "responsabilidades por la vía penal" por posible "delito societario" a los miembros del consejo de administración de TUM.