El Gobierno de Madrid "aguarda los fundamentos concretos del fallo del TC" sobre los concejales no electos

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha asegurado que su Ejecutivo "aguarda los fundamentos concretos del fallo" del Tribunal Constitucional (TC) en el que se establecería que los gobiernos locales sólo podrían estar formados por concejales electos.

Así lo ha indicado Victoria en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno en referencia al fallo del TC que afectaría a a los delegados Fernando Villalonga y Juan Antonio Gómez-Angulo del Consistorio madrileño, al que no le ha sido notificada la sentencia. Por tanto, se debe esperar a tener la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer su contenido concreto.

"Quiero expresar mi máximo respeto del fallo del Alto Tribunal que afectaría a la Ley de Grandes Ciudades y a la Ley Reguladora de Bases del Régimen Social. Hay que aguardar a los fundamentos concretos del fallo. Habrá que ver en qué términos se expresa el Tribunal Constitucional (TC)", ha señalado.

Ayer se conoció que el pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Generalitat catalana, de modo que los gobiernos de ayuntamientos de grandes ciudades únicamente podrían estar formados por concejales que hayan sido elegidos en una lista electoral, una decisión que afecta directamente al Consistorio madrileño.

De esta forma se impediría que los municipios puedan nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local a quien no haya concurrido a unas elecciones, es decir, a los delegados.

Esta situación afecta de modo directo a dos miembros de la Junta de Gobierno de la capital, concreta mente al delegado de Las Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, y al de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo. Este último regresó en febrero al Ayuntamiento --fue concejal con José María Álvarez del Manzano como alcalde-- tras la dimisión de otro delegado, Antonio de Guindos, después de ser imputado por el caso Madrid Arena.

El gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Grandes Ciudades de 2003, que reformó la Ley de Bases de Régimen Local, por la que se regulaba la organización de los ayuntamientos españoles y en la que se contemplaba que también podrían ser miembros del gobierno local aquellos que no se habían presentado en listas electorales. La Generalitat catalana alegó que esta reforma lesionaba sus competencias.