El Gobierno niega "demora" en la reforma de la elección de alcaldes y dice que el debate sigue en una mesa de partidos

Saénz de Santamaría y Ana Mato
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: domingo, 5 julio 2015 5:17

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado este viernes que exista "una demora" en su propuesta de reforma del sistema de elección de alcaldes y ha garantizado que su tramitación seguirá en una mesa de partidos "paralela" a la negociación del resto de medidas sobre regeneración democrática.

El Gobierno y el PSOE acordaron ayer separar este debate del estudio en el Congreso de los Diputados de medidas de regeneración democrática y desviarlo a una mesa de partidos, "que es donde tradicionalmente se han abordado las reformas electorales", ha explicado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el de este jueves fue el primer encuentro entre el Gobierno, 'populares' y socialistas para abordar este paquete de medidas de regeneración planteado por el Ejecutivo y que cree que podría estar aprobado este mismo año.

En ese encuentro, la vicepresidenta ha explicado que PP y PSOE consideraron "oportuno" desviar el debate sobre la reforma electoral a una mesa de partidos, lo que ha insistido que no supone "una demora" en su discusión. "Pero van a ser los partidos quienes se sienten a abordar propuestas sobre la elección directa de los alcaldes u otro tipo de reforma electoral", ha apuntado.

Sáenz de Santamaría ha recordado que esa propuesta de reforma ya se planteó en los primeros contactos sobre medidas de regeneración que se celebraron en marzo de este año y ha señalado que, además del método de elección de los alcaldes, podría afectar a otros asuntos como los gastos o las campañas electorales.

Por su parte, las medidas de regeneración democrática que se seguirán negociando por el Gobierno con las formaciones políticas incluyen las dos leyes propuestas por el Gobierno: la de control económico financiero de los partidos y el estatuto del alto cargo, que ha reconocido que afecta a la Administración General del Estado pero ha invitado a "estudiar y analizar" a otras administraciones.

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