El Gobierno percibe movimientos en CiU pero dice que Rajoy sigue con la misma disposición al diálogo dentro de la ley

El jefe del Ejecutivo está abierto a reformar la financiación autonómica como ya le trasladó personalmente a Mas en septiembre

Mariano Rajoy
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 19 marzo 2013 14:59

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno percibe que se están produciendo movimientos dentro de CiU, pero subraya que Mariano Rajoy sigue manteniendo el mismo discurso y la misma posición que ha defendido siempre ante las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes: disposición al diálogo en el marco de la Constitución y de la ley, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

"No hay cambio en la posición del Gobierno", asegura un portavoz del Ejecutivo, que destaca que nunca se han roto puentes con la Generalitat y que las relaciones institucionales con los consejeros de Artur Mas funcionan con total normalidad.

Ésta es la respuesta de Moncloa ante las tesis que apuntan a que el Gobierno del PP está tendiendo la mano a Artur Mas para reducir la asfixia financiera de Cataluña y que podría concretarse en una relajación del objetivo de déficit en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este mismo jueves.

El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el pasado miércoles en el Pleno del Congreso que negociará "una nueva senda de déficit" con los gobiernos autonómicos en cuanto Bruselas confirme si flexibiliza los objetivos que debe cumplir España.

Y este fin de semana el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha declarado que Europa "no tardará demasiado en flexibilizar el objetivo de déficit a España" y "esta vez" la negociación "a nivel español" llevará al Gobierno de Rajoy a "compartir ese margen extra con las comunidades autónomas".

El Gobierno de la Generalitat no ha aprobado aún el Presupuesto de 2013 (ya que el Govern se constituyó a finales de año), por lo que espera un guiño desde el Ministerio de Hacienda antes de aplicar el ajuste correspondiente al déficit de este año, que inicialmente deberá ser del 0,7 por ciento para las comunidades autónomas.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Las fuentes consultadas recuerdan que el Gobierno está dispuesto a reformar el sistema de financiación autonómica, tal y como el propio jefe del Ejecutivo trasladó a Artur Mas el pasado 20 de septiembre cuando se entrevistaron en el Palacio de la Moncloa y el presidente de la Generalitat puso encima de la mesa su exigencia de un pacto fiscal.

Precisamente, el CPFF ha incluido entre los puntos de su orden del día la reforma del sistema de financiación autonómica. En esa reunión, se creará el grupo de trabajo que trabajará en esa reforma, en línea con el acuerdo alcanzado el pasado 2 de octubre en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado.

Asimismo, en esa cita del CPFF comunidades autónomas y Gobierno revisarán los planes de ajuste de las CCAA en el cuarto trimestre de 2012, el cumplimiento de la reducción del sector público autonómico, las necesidades de financiación que tuvieron las autonomías en el 2012 y el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad en el 2011.

A LA ESPERA DE SU ACTITUD DEL GOVERN EN EL CPFF

Desde el Gobierno se insiste en que no se han producido cambios de posición y que su discurso sigue siendo el mismo. Así, recalcan que dentro de la ley y la Constitución cabe el diálogo sobre cualquier asunto.

Sin embargo, las mismas fuentes consultadas sí que perciben movimientos en las filas de CiU y creen que la reunión del CPFF es una oportunidad para ver si hay realmente un cambio de actitud por parte de los nacionalistas catalanes en relación con el desafío soberanista, que han ocupado el primer plano en estos primeros meses.

Por lo pronto, el pasado sábado, Artur Más reunió a sus consejeros para tratar la grave situación de las finanzas de Cataluña y la relación con el Gobierno central. A este respecto, les pidió que mantengan el dialogo con Moncloa, una vía de consenso que está sujeta a dos líneas rojas: la consulta soberanista y la defensa del Estado de Bienestar, según dijo la vicepresidenta Joana Ortega.

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