Santamaría ordena a los ministerios que dediquen "todos los esfuerzos" a "cerrar espacios a la corrupción"
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha ordenado a los Ministerios que dediquen "todos los esfuerzos" para "fortalecer las instituciones y cerrar espacios a la corrupción en la vida pública". Así se lo ha trasladado hoy al grupo de trabajo sobre regeneración democrática, al que ha encomendado un paquete normativo que afecta a seis leyes con medidas preventivas, de transparencia, de control y represivas para reforzar la lucha contra la corrupción.
Entre ese amplio abanico de medidas destaca como novedosa la limitación de la compensación tras el cese que se incluirá en la nueva Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas. El Ejecutivo pretende aclarar las normas de cesantía, quién tiene derecho a esa indemnización una vez dejado el cargo y qué cuantía, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
Esa misma norma también establecerá escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulación de la publicación de las declaraciones tributarias y refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses, como ya avanzó el pasado 20 de febrero Mariano Rajoy en el marco del Debate sobre el estado de la Nación.
Sáenz de Santamaría ha presidido este miércoles en el Palacio de la Moncloa la primera reunión de ese grupo de trabajo, que integran representantes de Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior, y el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás.
CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS
Una de las nuevas normas que impulsará el Gobierno es la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, que incluirá la obligación de depósito de las cuentas en un registro público, comparecencias ante el Parlamento de los gerentes o tesoreros de los partidos y la fijación de un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos.
También obligará a las formaciones a establecer un procedimiento de aprobación de cuentas en los estatutos de los partidos. Las cuentas deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran.
Además, el Ejecutivo reformará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para que este órgano disponga de más medios de control y colabore más con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses. Esta norma también incluirá una fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
Otra de las reformas, la de la Ley de Contratos del Sector Público, pretende fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción.
ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS POR CORRUPCIÓN
Asimismo, el Gobierno reformará el Código Penal para endurecer las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc), al tiempo que se aumentarán los plazos de prescripción para esos delitos.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy trabajará además en la introducción de nuevos tipos penales, como el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos y la financiación ilegal de los partidos políticos.
También llevará a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo es clarificar las reglas de atribución de competencia a los tribunales y la agilización de los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción, "para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia", según ha informado el Gobierno en un comunicado.
En concreto, se estudiará la modificación del régimen de competencia de los delitos conexos, así como el "diferimiento de la determinación de la responsabilidad civil a un proceso civil posterior para paliar los retrasos que afectan a la finalización de los procesos penales". Con esta última se pretende separar lo penal de lo civil para agilizar los procedimientos, según fuentes del Ejecutivo.
