El Gobierno recalca a ICV que el Rey Alfonso XIII no entra en los supuestos de la Ley de Memoria Histórica

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha recalcado a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) que el Rey Alfonso XIII no entra dentro de los supuestos que recoge la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007, puesto que esta figura histórica, que reinó España hasta la proclamación de la II República, es anterior a la Guerra Civil y la dictadura.

De esta forma responde el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, que pedía saber si el Gobierno tiene previsto cambiar el nombre de la Base Alfonso XIII de Melilla, de acuerdo con la citada ley, teniendo en cuenta que, a su juicio, supone "una exaltación franquista".

En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo socialista explica que, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de esa norma, las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de insignias y otros objetos o menciones conmemorativas que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura. Por tanto, la mención a la figura de Alfonso XIII no entra en esos supuestos, puesto que el monarca es anterior a esos periodos.

La Administración de José Luis Rodríguez Zapatero también responde al interrogante planteado por el diputado de CiU en el Congreso Jordi Xuclá, quien quería saber si el Gobierno tiene previsto impulsar la declaración de nulidad de los juicios políticos realizados durante la Guerra Civil y el franquismo en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

LA REPARACIÓN YA HA SIDO RECONOCIDA A 400 VÍCTIMAS

A este respecto, el Gobierno responde que, junto con el reconocimiento general y la declaración del carácter "injusto" de todas las condenas, sanciones y cualesquiera forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y el franquismo y la declaración de ilegitimidad, el legislador también reconoció el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas, atribuyendo la función de expedirlas al Ministerio de Justicia.

Además, añade que un real decreto del año 2008 ya articuló el procedimiento para la obtención de esa declaración, que ya ha sido reconocida a 400 víctimas.

Puntualiza el Gobierno que la Ley de Memoria Histórica salvaguarda la plena compatibilidad de la declaración de reparación y reconocimiento personal con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiera lugar ante los tribunales de justicia, cuya independencia, subraya, es "respetada" por el Gobierno, del mismo modo que son acatadas sus resoluciones.