SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy subvenciones por un total de 5,2 millones de euros para apoyar la construcción de 676 viviendas de protección oficial en trece municipios, de las que 550 serán de régimen general y 126 de régimen especial.
De la cantidad total, 3,8 millones de euros son para subvencionar la promoción de 472 viviendas y 1,3 millones para la adquisición y habilitación de suelo, destinado a la edificación de 204 viviendas más, explicó la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga, que precisó que estas ayudas son consecuencia de los convenios firmados con los ayuntamientos para la cesión de suelo.
Las viviendas se ubicarán en los municipios de Castro Urdiales (33), Suances (62), Colindres (47), Santander (130 en la calle Carmen Bravo Villasante), San Felices de Buelna (64), Marina de Cudeyo (51), Piélagos (42), Valdáliga (49), Laredo (84), Alfoz de Lloredo (20), Soba (30), Santoña (34), Hazas de Cesto (30).
En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha tramitado inversiones y gastos por un total de 20.689.444 euros. En materia de vivienda también se autorizaron ayudas por 878.079 euros a los ayuntamientos de Astillero, Camargo, Castro Urdiales, Meruelo, Peñarrubia, Puente Viesgo, Santoña, Torrelavega y Tresviso, para financiar inversiones en rehabilitación y urbanización.
Además, se aprobaron 346 ayudas para creación de empleo autónomo por más de 3,2 millones, destinadas a incentivar el establecimiento de trabajadores desempleados. Las ayudas pueden solicitarse para programas de establecimiento, financiación, asistencia técnica, formación y seguridad social, precisó Gorostiaga.
También se autorizaron ayudas por 267.326 euros para acciones de desarrollo de los programas de Nueva Cultura de Empleo por entidades sin ánimo de lucro.
CONSEJO ASESOR DE JUSTICIA
Asimismo, se aprobó un decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Justicia de Cantabria como órgano de consulta y asesoramiento para mejorar la calidad de la Administración de Justicia en la comunidad.
Está integrado por los titulares de la Consejería de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Fiscalía Superior, la secretaría de Gobierno del TSJC, la dirección del Instituto de Medicina Legal, los decanos de los colegios de abogados y procuradores, un representante sindical de los empleados de la Administración de Justicia, el presidente del Colegio de Graduados Sociales, el director general de Justicia y el jefe del servicio de Asistencia Social y Personal de la Dirección General.
El consejo estará copresidido por los máximos responsables de la Consejería y el TSJC y tendrá como funciones la realización de estudios sobre materias relacionadas con la Administración de Justicia, la elaboración de propuestas de actuación, y la promoción y coordinación de su implantación ante los órganos competentes.
CONVENIOS DE EDUCACIÓN
Por otro lado, se aprobaron dos convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia para el plan de apoyo a la implantación de la LOE y para el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.
Así, por un lado Cantabria recibirá 593.948 euros para programas de formación del profesorado en aspectos generales de la LOE y áreas específicas que se han incorporado al currículo o sufren modificaciones, entre otras actuaciones. El coste total de estos programas asciende a 1,4 millones euros, por lo que el Gobierno de Cantabria financiará su ejecución con 890.922 euros.
El segundo convenio desarrolla el protocolo general suscrito con el Ministerio para incentivar la captación e incorporación estable de profesores-investigadores. En concreto, está prevista la financiación de seis puestos de trabajo, hasta un máximo de 780.000 euros.
Por otra parte, se autorizó un gasto de 115.782 euros para mejora de las bibliotecas de varios centros públicos de educación infantil y primaria.
OTROS ACUERDOS
El Consejo aprobó también un convenio con Cruz Roja para apoyo de emergencias y formación, con 52.500 euros; y autorizó una transferencia de 54.380 euros al Centro de Estudios de la Administración de Cantabria.
Igualmente, autorizó transferencias a la Universidad de Cantabria y Fundación Marqués de Valdecilla, por 509.000 y 65.000 euros, respectivamente, para el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.
En Sanidad, se prorrogaron convenios con la Universidad, para el diagnóstico precoz de metabolopatías, y el Colegio de Enfermería, para el programa Retorno de atención sanitaria a profesionales, con 157.410 y 30.000 euros, respectivamente; y se autorizaron contratos de suministros para Valdecilla por 3,4 millones de euros.
En Cultura, se autorizó el proyecto promovido por la Fundación Santa María La Real para la rehabilitación de la Batería Baja de Galvanes, ubicada en Santoña y declarada Monumento.
Por otro lado, se autorizaron dos gastos por un total de 250.000 euros a la Universidad para investigaciones sobre un sistema de oceanografía y meteorología regional y el cambio climático en España.
También se autorizó la transferencia de 100.000 euros a EMCANTA para un proyecto de informatización y digitalización de los libros de registros civiles. Se informó de adjudicaciones en materia de telecentros y acceso a Internet, y mejora de accesos a la terminal de autobuses de Ramales, con 222.035 euros.
También se aprobó una ayuda de 90.000 euros al Ayuntamiento de Santillana del Mar para rehabilitación de la Casa de los Maestros.
Se aprobó un decreto que regula la concesión de una ayuda de 50.000 euros a la Organización Iberoamericana de la Juventud para programas de juventud con países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones.
Finalmente, se autorizó un convenio con el Ministerio del Interior para poner en marcha un programa de reeducación para agresores por delitos de violencia de género.
