VALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno valenciano acordó hoy interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno central en relación con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, con carácter previo a la interposición del correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno valenciano también decidió solicitar que se proceda a la derogación expresa de la norma, de manera que se reconozcan las competencias exclusivas que corresponden a la Comunitat Valenciana en materia de Vivienda. Asimismo, aprobó notificar este requerimiento al Ejecutivo central.
El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, que ofreció la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano celebrado esta mañana para informar de los temas tratados en esta reunión, comentó que además de decirse hoy interponer el requerimiento de incompetencia al Gobierno del Estado, se solicita "la derogación del Real Decreto 1.472/2007 por el que se establece la renta básica de emancipación de los jóvenes".
Explicó que el Ejecutivo valenciano "ha instado al Gobierno central a que derogue ese decreto" por suponer "una injerencia claramente inconstitucional en al competencia exclusiva de la Comunitat Valenciana en materia de vivienda, como recoge el artículo 49 del Estatuto de Autonomía", destacó.
Rambla sostuvo que la regulación de la renta básica de emancipación "es una facultad consustancial e ineludible a la competencia que en materia de vivienda tiene asumida la Comunitat Valenciana" y afirmó que dicho Real Decreto "sustrae competencias autonómicas de titularidad exclusiva" y limita "la autonomía financiera que recoge la Constitución".
Así, manifestó que este recurso se aprobó hoy "dentro de la obligación que el Consell tiene de defender" las competencias valencianas. Respecto si esto puede suponer la paralización de las ayudas a la vivienda por parte de este ministerio, apuntó que no "porque se firmó el otro día el convenio" con este departamento.
El Consell destaca que las comunidades autónomas, "en concreto, la valenciana, articulan eficaces políticas sociales", con lo que es posible "establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las políticas estatales para que no se lesionen las competencias autonómicas".
De este modo, la administración valenciana estima que es "importante que los fondos destinados por el Estado a subvenciones que deban gestionar las comunidades autónomas se transfieran, de modo que éstas puedan disponer prontamente de los mismos, sin más condicionamientos que los que deriven del ejercicio de las competencias estatales sobre la materia".
POLÍTICAS AUTONÓMICAS.
Además, consideró necesario "integrar los recursos estatales destinados a la financiación en sus políticas autonómicas, adaptándolas a las peculiares circunstancias de su territorio, de manera que las comunidades autónomas dispongan de los recursos y puedan gestionarlos en cumplimiento de las competencias asumidas con exclusividad".
El Gobierno valenciano señala que "para atribuir una competencia al Estado no basta que una materia tenga interés público, incluso general, como es el caso de la Renta Básica de Emancipación". Asimismo, establece que "según la línea interpretativa del Tribunal Constitucional, que entre otros principios establece que la competencia especial prevalece sobre la general, la regulación de la renta básica de emancipación es una facultad consustancial e ineludible de la competencia en materia de vivienda que tiene asumida en exclusiva la comunidad autónoma.
Por ello, manifiesta que "de esta forma, al Estado le quedaría únicamente la facultad de transferir a las comunidades autónomas la financiación oportuna, sin que pueda utilizarse el territorio como elemento determinante de la delimitación de competencias entre Estado y comunidades".
