VITORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha anunciado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía las "irregularidades" detectadas en una quincena de expedientes de contratación informática del Departamento de Justicia, entre los años 2000 y 2009, por un importe total que supera los 23 millones de euros.
Mendia ha dado a conocer esta decisión en el transcurso de la rueda de prensa ofrecida tras el consejo de Gobierno. En su comparecencia, ha afirmado que su Departamento ha podido constatar la existencia de "graves irregularidades" en los citados expedientes.
Según ha explicado, ninguno de ellos, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se ha ejecutado "en su totalidad, ni siquiera a fecha actual". "Con dinero público, se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados", ha añadido.
Asimismo, el Departamento de Justicia y Administración Pública ha constatado también que "muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores".
Por otro lado, ha explicado que otro dato que "llama la atención" fue el "escasísimo plazo" -de 16 días a un mes- que se fijó para la ejecución de algunos de los trabajos contratados, "lo que pondría en evidencia en unos casos que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo, mientras que en otros, ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".
Mendia ha informado de que, al tener sospecha de estas "irregularidades", el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, encargó dos auditorias técnicas, una interna y otra externa.
Posteriormente, mantuvo una serie de reuniones con las empresas informáticas proveedoras, con la finalidad de garantizar la continuidad del sistema informático de la Administración de Justicia. En estas reuniones, las empresas adjudicatarias, además de reconocer la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro, se comprometían a su ejecución.
IRREGULARIDADES "DE CALADO"
Según ha informado, las "irregularidades" afectan a cuestiones "de calado" para la Administración de Justicia, como la implantación del sistema de gestión procesal (JustiziaBat) en los órganos que desempeñan tareas jurisdiccionales, el desarrollo del expediente judicial electrónico, o la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Euskadi.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno ha decidido poner los expedientes en conocimiento de la Fiscalía "por si apreciara alguna conducta delictiva y, en su caso, señale al responsable de la misma".
Finalmente, ha defendido que el Gobierno vasco mantiene la "apuesta decidida y constante" por la modernización de la administración de Justicia en Euskadi y ha recordado que en los tres últimos ejercicios (2009-2011) ha invertido más de 47 millones de euros en aplicaciones informáticas para poner en marcha la nueva oficina judicial y contribuir al objetivo de poder realizar el seguimiento, en tiempo real, de la actividad de los órganos de la Administración de Justicia.
