Acusa al gabinete de Rodríguez Zapatero de "despreciar" la reclamación de la transferencia de prisiones
VITORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco romperá el convenio suscrito con el Ejecutivo central para la prestación de servicios sanitarios y educativos en las cárceles vascas ante el "desprecio" del Gobierno socialista hacia su reclamación de la transferencia de las competencias en materia penitenciaria. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, dijo que el tripartito seguirá ofreciendo y financiando estos servicios, que cuestan cuatro millones de euros al año, sin sujeción a convenio alguno, "a no ser que el Gobierno central diga que no lo hagamos".
En una rueda de prensa en la sede del Gobierno autónomo en Vitoria, Azkarraga explicó que comunicará hoy mismo al Ejecutivo central su decisión de denunciar "formal y oficialmente" el acuerdo suscrito en 1994 con el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. La ruptura del convenio se hará efectiva el 18 de abril, fecha en la que, de no ser por la negativa de una de las partes, se procedería a su renovación automática.
La medida, adoptada ayer en Consejo de Gobierno, fue el resultado de un periodo de reflexión abierto por el Ejecutivo vasco en octubre del año pasado ante la negativa del Gabinete de José Luis Rodríguez a traspasar la competencia de prisiones por razones de seguridad nacional.
Azkarraga aseguró que la reclamación "no es una demanda simbólica, sino un compromiso firme" del Gobierno vasco por crear un sistema penal "más humanizado" y orientado a la reinserción. Además, solicitó una vez más la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias.
El consejero explicó que la decisión se ha tomado en respuesta a la "insoportable desidia" con la que la Administración central "desprecia las justas demandas de reconocimiento de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika". Azkarraga también acusó al Gobierno central de responder con el "silencio" a la petición de convocar la Comisión Mixta de Transferencias para analizar esta demanda.
De todas formas, aseguró que el tripartito "mantiene la voluntad política de que esta decisión no afecte al funcionamiento" de los servicios que se prestan en educación, sanidad, información, formación profesional, atención social o apoyo a la excarcelación.
CUATRO MILLONES AL AÑO
En opinión de Azkarraga, los más de 1.000 presos recluidos en las cárceles vascas "no tienen culpa alguna de la desidia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias", de modo que estas personas "no sufrirán menoscabo alguno" en la atención que reciben de las instituciones vascas.
A preguntas de los periodistas sobre la forma en que se seguirán ofreciendo esos servicios cuando haya expirado la vigencia del convenio, Azkarraga indicó que el tripartito "mantiene la disponibilidad" de seguir aportando los cerca de cuatro millones anuales que se destinan a estas prestaciones y de continuar cumpliendo sus compromisos con los presos y ONGs. "Pero sin convenio que nos una al Gobierno español", precisó.
"No queremos que haya ningún perjuicio a los presos; pero eso dependerá de si la Administración central considera que debemos mantener ese tipo de servicios sin convenio. Es una decisión política de ellos", añadió.
En esta línea, Azkarraga explicó que la única posibilidad de que se suscriba un nuevo acuerdo en esta materia con el Ejecutivo socialista es que éste "conteste antes del 18 de abril a la petición de la reunión de la Comisión de transferencias para hablar en serio de la transferencia" de prisiones al Gobierno autónomo.
En el caso de que no se produzca esa contestación, Azkarraga insistió en que el tripartito seguirá ofreciendo estos servicios, "a no ser que la Administración central nos diga que no los prestemos".
Azkarraga explicó que el Gobierno vasco gasta cada año unos cuatro millones de euros en los servicios que ofrece en las cárceles de Euskadi. En este sentido, explicó que el Departamento de Justicia ha presupuestado para 2007 más de 805.000 euros a subvenciones a asociaciones para acción social penitenciaria, al Turno de Asistencia Legal Penitenciaria y al Servicio de Asistencia a la reinserción.
Desde Sanidad, se dedicaron durante 2005 más de 1,6 millones de euros a ingresos hospitalarios, consultas especializadas, urgencias, pruebas diagnosticadas, vigilancia epidemiológica, control alimentario de aguas y gastos de farmacia.
El Departamento de Educación destina 18 profesores para impartir clases a adultos en las prisiones. Además, el coste de los profesores de primaria y secundaria es de 676.500 euros. Igualmente, entre 1999 y 2002, empleó 123.000 euros para la adquisición de material didáctico y subvenciona con 41.000 euros la atención a jóvenes penados. A éstos hay que sumar otros 55.000 euros del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
El Departamento de Asuntos Sociales desarrolla, por su parte, programas de prevención y atención de toxicomanías y apoyo a personas excarceladas. Para ello cuenta con un presupuesto para 2007 que alcanza los 675.000 euros.
RECLAMACION "HISTORICA"
Con el objetivo de "desmentir" a quienes aseguran que el Gobierno autónomo "nunca ha solicitado la transferencia" de manera formal, el consejero hizo un repaso de los acuerdos alcanzados en este sentido por el Ejecutivo vasco. Tras afirmar que se trata de una reclamación "histórica", explicó que las primeras conversaciones en torno a este asunto se remontan a 1983.
Además, el Consejo de Gobierno, en la Petición Central de 13 de febrero de 2001, y en la Declaración Institucional sobre el Autogobierno del 19 de julio de 2005, también acordó reclamar el traspaso de estas competencias. Mas recientemente, el 26 de septiembre de 2006, acordó exigir la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias.
"La demanda del Gobierno Vasco se atiene a lo contemplado en el Estatuto de Gernika. El hecho es que el Gobierno vasco no ha recibido respuesta alguna por escrito a la demanda de reunir a la Comisión Mixta que se trasladó por escrito al Gobierno del Estado", denunció.
Azkarraga denunció la "falta de respeto, negligencia e incumplimiento de las leyes" que implica la postura que mantiene el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por lo que solicitó una vez más la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias.
Azkarraga pidió al Gobierno central que aclare por escrito cuál es su posición y le emplazó a iniciar conversaciones para la transferencia mediante la participación en una Ponencia Técnica. "El Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero tiene que aclarar de una vez si está dispuesto o no a un diálogo leal sobre el traspaso de la ejecución de penas y la gestión de las prisiones", indicó.
