LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Ene. (EP/IP) -
Greenpeace ha remitido hoy un escrito a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente pidiendo la retirada del proyecto de construcción de un puerto industrial en la costa de Granadilla a la vista del reciente Dictamen del Consejo de Estado sobre la protección de hábitats y especies marinas elaborado a petición del Consejo de Ministros.
En el extenso y documentado Dictamen, el Consejo de Estado destaca que "ante las amenazas que pesan sobre el medio marino, el Estado no puede eludir su obligación de gestionar su biodiversidad". El documento denuncia la existencia de "un retraso en la puesta en marcha de política de Estado de conservación de la biodiversidad marina que debe remediarse con rapidez". Igualmente, el Dictamen destaca que, desde el punto de vista competencial, el Estado es el responsable de la política de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica del medio marino.
Greenpeace considera que este Dictamen del Consejo de Estado tiene una clara incidencia sobre un proyecto como el Puerto de Granadilla, que ocasionará graves afecciones al medio marino, reconocidas hasta por la Comisión Europea. La incompatibilidad del puerto con el Dictamen debe ser resuelta con urgencia por lo que ha pedido información a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente sobre las medidas que van a adoptar a este respecto".
"Las recomendaciones del Dictamen --señalan-- abogan claramente por la conservación del medio marino, si los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente se quedan de brazos cruzados y permiten la destrucción de la costa de Granadilla estarán incumpliendo el mandato del Consejo de Estado a sabiendas de que lo están haciendo y tendrán que asumir las responsabilidades que se derivan de ello" ha declarado María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace".
Por otra parte, Greenpeace también ha pedido información a Fomento y Medio Ambiente sobre sus actuaciones respecto al caso de corrupción del puerto deportivo de San Andrés denunciado por un auto del juez Baltasar Garzón, en el que se acusa del cobro de cuantiosas comisiones supuestamente pagadas por la entidad Parque Marítimo Anaga, S.A. (propiedad de la filial urbanística de Fórum Filatélico Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, S.A.) tanto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, como al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor (1).
La ubicación elegida para la Marina deportiva de San Andrés "imposibilita cualquier ampliación por el norte del Puerto de Santa Cruz y ha sido la excusa utilizada para justificar la construcción del Puerto de Granadilla".
"Una vez destapada la gigantesca trama de corrupción en torno a este proyecto y su implicación con Granadilla, ahora existen realmente "razones imperiosas de primer orden" para desestimar de una vez este puerto. Apoyar Granadilla es apoyar la corrupción y no vamos a consentirlo" añadió Caballero.
