Guateque.- El juez Torres ratifica las prisiones acordadas contra cinco imputados en la red de cobro de comisiones

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez Santiago Torres, que investiga una supuesta organización de funcionarios corruptos en el Ayuntamiento de Madrid, ratificó hoy las prisiones acordadas en la madrugada del domingo contra cinco de los imputados en el 'caso Guateque', tres de ellos de la Concejalía de Medio Ambiente y dos empresarios, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su vinculación a la red de cobro de comisiones ilegales para la concesión de licencias.

El magistrado celebró esta mañana una comparecencia en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para escuchar a los imputados, con el fin de decidir si mantenía su situación de prisión. Las ratificaciones se producen después de que el juez Francisco Javier Teijeiro, que estaba de guardia el pasado fin de semana, haya remitido a Torres las actuaciones practicadas, una vez que diez de los 17 detenidos por la Guardia Civil pasaran este sábado a disposición judicial.

De este modo, se mantienen las prisiones provisionales decretadas contra los funcionarios Victoriano Ceballos Fernández, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio Ambiente; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma Concejalía; y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica de Evaluación Ambiental.

También seguirán en la cárcel los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la sociedad AC93 --dedicada a la gestión de licencias-- y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores.

Tras las comparecencias, que se prolongaron durante más de cuatro horas, el magistrado notificó a los abogados defensores la ratificación de las medidas restrictivas de libertad impuestas a sus clientes, quienes abandonaron las dependencias judiciales en un furgón de la Guardia Civil que los trasladó de nuevo a las cárceles de Alcalá Meco y de Soto del Real.

FUNCIONARIO JUBILADO EN PRISIÓN

Además de estas cinco personas, Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra desde este martes en la prisión de Soto del Real por orden del juez instructor por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Se da la circunstancia de que García Sánchez estuvo imputado en el 'caso Sauna Paraíso' sobre supuestas extorsiones a empresarios, del que fue absuelto. Este procedimiento tiene su origen en 1995 cuando una sala gay fue precintada por el Consistorio al no tener licencia de apertura. Su propietario denunció entonces a varios técnicos municipales, entre ellos a García Sánchez, por cobrarle grandes sumas de dinero para abrir este local.

Por otro lado, la Guardia Civil puso esta mañana a disposición judicial a otra persona, de 72 años, detenida ayer por su vinculación con el 'caso Guateque'. Fuentes jurídicas informaron que el juez de guardia acordó dejarlo en libertad por su edad.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO

Antes de conocer la decisión del juez, el abogado José Luis Prada, que defiende a Ceballos, criticó la intención del Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz-Gallardón de personarse en la causa como acusación particular, en calidad de perjudicado, así como su ofrecimiento a colaborar con la Guardia Civil para facilitar la investigación de los empleados públicos implicados en la supuesta trama de corrupción.

"La personación del Ayuntamiento no tiene sentido. Cada uno tiene que hacer su trabajo y ellos deberían primero lavar su casa. Si yo veo que un funcionario comete una irregularidad, le abro un expediente. Pero echar basura contra su propio tejado y personarse en su contra es inadecuado", denunció el letrado, que añadió: "Se están lavando las manos".

Tras definir el caso como "una batalla entre dos fuerzas políticas", se quejó de que se esté quebrantando el secreto del sumario que pesa sobre las actuaciones, al haberse filtrado en algunos medios las transcripciones de las conversaciones telefónicas registradas por la Guardia Civil. En ellas se escucha cuánto dinero exigían los funcionarios a los empresarios por agilizarles las licencias para sus negocios.

En cuanto a su cliente, el letrado reiteró que las supuestas empresas que son de su propiedad, entre ellas Jardín S.L., Madritum S.L. y Fragoce, están "sin actividad" desde hace 10 años y quiso aclarar que su patrocinado "está en un organismo donde no se otorgan licencias". "Está en un departamento donde se da el visto bueno a informes medioambientales", apuntó.

"Ceballos no tiene nada. Sólo su sueldo como funcionario, el de su mujer, dos coches utilitarios y un apartamento en la playa", insistió el abogado, que se preguntó "dónde está la trama".