Destaca que las cuatro regiones con más litigiosidad, como Madrid y Valencia, tienen una menor proporción de jueces por habitante
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, reclamó hoy a los poderes públicos que adopten medidas para "aliviar la carga" de los juzgados contencioso-administrativos, al destacar que el volumen de asuntos que ingresaron en 2006 se incrementó en relación con el año anterior entre un 27 y un 32,6%, debido, respectivamente, a la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería y a la mayor impugnación de sanciones de tráfico derivada de la puesta en marcha del carné por puntos.
Hernando advirtió del riesgo de "colapso" de estos juzgados, que ingresaron 254.988 asuntos en 2006, durante la presentación del estudio 'La Justicia, dato a dato' y de un informe sobre la situación de los Tribunales Superiores de Justicia de España, de los que se desprende que el número de asuntos ingresados en la jurisdicción ordinaria durante el pasado año se situó en 8,04 millones.
El máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces presentó los dos informes, que reflejan la evolución de la Justicia española entre los años 2002 y 2006, en compañía de Enrique López, portavoz del CGPJ; de vocal Carlos Ríos, vocal y jefe del Servicio de Estadística; y de José María Gil, jefe del Servicio de Inspección.
DESAJUSTES EN MADRID Y VALENCIA Los estudios revelan que la jurisdicción penal registró el mayor número de asuntos ingresados en 2006, con 6,07 millones de asuntos ingresados, de los que 6,02 fueron resueltos y sobre los cuales se dictaron 622.103 sentencias. En el orden civil, que ingresó 1,36 millones de casos, destaca que los asuntos pendientes se incrementaron un 87% en relación con el año anterior y que los correspondientes a los juzgados de lo mercantil crecieron un 47%.
En cuanto a la litigiosidad, Hernando destacó que la mayor magnitud corresponde a las comunidades de Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares, que rebasan los 203 asuntos por cada mil habitantes. En este sentido, señaló que "no es anecdótico que de las cuatro comunidades con mayor tasa de litigiosidad, tres se encuentren en el tramo inferior de la proporción de jueces y magistrados, con menos de diez por cada 100.000 habitantes". A este respecto, López recordó que sólo el Ministerio de Justicia tiene facultades para incrementar la planta judicial.
En esta línea, Hernando destacó la existencia de "dejasustes" en la planta judicial de regiones como Madrid o Valencia, que "presentan la media mayor de asuntos ingresados por año, encontrándose las dos por debajo de la media nacional en cuanto al número de jueces por cada mil habitantes". Preguntado por la circunstancia de que en estas dos regiones gobierne el PP, López señaló que es una valoración que no les "corresponde" realizar a los jueces.
MENORES TIEMPOS DE RESOLUCIÓN
En relación con los tiempos necesarios para resolver los asuntos judiciales, la mayoría de las jurisdicciones experimentaron un progresivo descenso entre 2002 y 2006, con excepciones como las del Juzgado Central de Instrucción y el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que registraron incrementos de 5,5 a 6 y de 4,2 a 4,5 meses, respectivamente.
En el orden contencioso-administrativo, los tiempos de tramitación crecieron de 6 a 8 meses en los juzgados lo contencioso, de 4,4 a 7,4 en el Juzgado Central de la Audiencia Nacional, de 17,1 a 19,3 en la Sala Contenciosa y de 20,3 a 25,7 en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En la jurisdicción social los tiempos de espera se incrementaron en todos los órdenes y, en especial, en la Sala Cuarta del Supremo, en la que un asunto se tramitaba en 9,5 meses en 2002 y en 14 en 2006. En la jurisdicción civil se registró una tendencia opuesta, ya que los tiempos de tramitación disminuyeron en todos los casos.
DIEZ JUECES POR CADA 100.000 HABITANTES
Según los datos aportados por Hernando, correspondientes al 1 de enero de 2006, la plantilla judicial activa estaba integrada por 4.576 miembros, en su mayoría pertenecientes a las jurisdicciones civil y penal, con una tasa media de 10,24 magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes que se sitúan mayoritariamente en la franja de edad de entre 30 y 50 años.
Así, en España existen 2,44 jueces por cada miembro de la carrera fiscal y 1,29 por cada secretario judicial. Asimismo, se censaron casi 25 abogados y casi dos procuradores de los tribunales por cada juez y magistrado. En cuanto a la dotación de medios materiales, las comunidades con las competencias transferidas en materia de justicia rebasaron en 2006, en su conjunto, más del 50% del presupuesto total dedicado a la justicia, lo que, según destacó Hernando, "pone de manifiesto el protagonismo decreciente de la Administración General del Estado, en términos presupuestarios, en materia de justicia".
El presidente del CGPJ también puso de relieve que la estadística de la población reclusa a 31 de diciembre de 2006 demuestra que el 32% de los reclusos que se encuentran en cárceles españolas tiene una nacionalidad distinta a la española, porcentaje que se eleva al 35,6% cuando se trata de mujeres.
En la presentación también intervinieron Carlos Ríos, quien destacó que los dos estudios ponen de relieve que los jueces españoles "trabajan mucho y trabajan bien"; y José María Gil, para quien los informes componen "una radiografía básica" de la Administración de Justicia española a la que se puede acceder a través de la página web del CGPJ.
