MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los límites a la Justicia Universal están vigentes desde hoy, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal. En la actualidad la Audiencia Nacional mantiene abiertos 13 procedimientos de los denominados de 'jurisdicción universal', en los que se investigan delitos de genocidios y torturas cometidos en otros países.
De esta manera, con la reforma del artículo 23 de LOPJ que recibió el visto bueno definitivo del Congreso de los Diputados el pasado 15 de octubre, a partir de hoy los jueces sólo podrán perseguir delitos en el exterior cuando haya una clara conexión con España o sus autores estén en territorio nacional.
Tras su segundo debate en la Cámara Baja, después de que el Senado le devolviera el texto aprobado con enmiendas, la ley orgánica fue votada el pasado día 15 en su conjunto favorablemente por PSOE, PP, CiU y PNV. Las diferencias de los grupos sobre este aspecto de la ley protagonizó las discusiones más acalorados y restó protagonismo al debate sobre la nueva Oficina Judicial.
PP y PSOE se mostraron de acuerdo en la necesidad de establecer límites a la Justicia Universal, mientras que los grupos de izquierda criticaron lo que consideron un "paso atrás" en la defensa de los Derechos Humanos.
TRECE PROCEDIMIENTOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Un total de 13 causas que actualmente permanecen abiertas en la Audiencia Nacional podrían verse afectadas por la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su supervivencia o no dependerá en buena medida del criterio que adopten los jueces a instancias de la Fiscalía, que podría instar el archivo de aquellas que no tengan una conexión directa con nuestro país en consonancia con la nueva ley. De todos modos, la continuación de las instrucciones dependerá de las circunstancias de cada caso.
Entre los casos que podrían verse afectados por la actual limitación están los que investigan a responsables de delitos contra la humanidad en el Tíbet, Guatemala, Irak (por el asesinato del cámara José Couso), China (miembros de Falung Gong), contra miembros de las SS por muertes en campos de exterminio nazi, Ruanda, delitos contra el pueblo saharaui, torturas en Guantánamo, El Salvador, Argentina y Chile. Además, está pendiente la admisión de una causa por genocidio en Birmania y de otra contra mandatarios norteamericanos e ingleses por matanzas en Irak.
Entre los que más claramente pueden verse afectados por el cambio legislativo está el que investiga el juez central número 1, Santiago Pedraz, contra seis miembros del Gobierno y el Ejército chinos por los ataques sufridos en marzo de 2008 por la población tibetana, en los que murieron al menos 203 personas.
El mismo juez investiga desde 1999 una querella por genocidio por el incendio de la embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, algunas de ellas españoles, por lo que previsiblemente esta causa no se cerrará. También está pendiente en este juzgado la investigación del asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Irak, por el que Pedraz procesó a tres militares norteamericanos.
TÍBET Y FALUNG GONG.
En el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular es Ismael Moreno, se mantiene abierta una segunda causa relativa al Tíbet que este juez fue obligado a reabrir por orden de la instancia superior -la Sala de lo Penal-, tras haberla archivado, en cumplimiento de la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional ("caso Rigoberta Menchú"). También tramita Moreno una causa contra varios miembros del Gobierno chino por la represión contra los miembros de Falung Gong.
Una de las causas que investiga Moreno y que sí afecta a víctimas españolas es la abierta el pasado año contra cuatro miembros de las SS por delitos de genocidio y lesa humanidad supuestamente cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Floseenbürg en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles y contra la muerte de 4.300
Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, investiga a 40 militares del Gobierno de Ruanda a los que procesó en febrero de 2008 por tomar el poder por la fuerza y cometer crímenes contra la población civil. El juez, que ha tomado declaración a decenas de víctimas, ordenó la busca y captura de los imputados para proceder a su ingreso en prisión.
INVESTIGACIONES DE GARZÓN.
En el Juzgado Central de Instrucción número 5, el juez Baltasar Garzón instruye cuatro causas de jurisdicción universal, entre las que se encuentran las dos más antiguas, que comenzaron a instruirse en 1996. Se trata de la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura chilena, de la que se desgajó un procedimiento que motivó la detención dos años más tarde de Augusto Pinochet; y la instruida contra los represores del régimen argentino, que acabó con la condena a 1.084 años de cárcel del ex militar Adolfo Scilingo.
Además, Garzón instruye un procedimiento contra 13 altos cargos marroquíes por el genocidio y la desaparición sistemática de ciudadanos saharauis. Por último, investiga a "los posibles autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de las supuestas torturas sufridas en la prisión estadounidense de Guantánamo por cuatro presos islamistas, uno de los cuales es conocido como el 'talibán español'.
Las actividades en este centro de detención también podrían ser investigadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que preguntó en abril pasado a Estados Unidos si instruye alguna causa en este sentido para admitir o no a trámite una querella presentada contra los responsables de su "andamiaje jurídico". Además, este juez investiga a 14 militares de El Salvador por el asesinato en 1989 de seis jesuitas y sus dos empleadas, entre los que se encontraba el padre Ignacio Ellacuría.