Imputados tres cargos de una fundación vinculada a UDC por desviar dinero y pagos irregulares

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha citado a declarar como imputados a tres ex altos cargos de la Fundación Cataluña i Territori, vinculada a UDC, y a otras 12 personas por desviar 1,7 millones hacia su grupo empresarial y por pagos irregulares de servicios prestados al partido, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Entre los imputados están los principales responsables de la trama: Joan Albert L.S. y Miguel Ángel X.G., así como el ex presidente de la Fundación Cataluña i Territori Josep B.C., varios testaferros y empresarios que emitieron facturas falsas, entre otros. En la querella del fiscal también aparecen 27 empresas como responsables civiles subsidiarias.

Las declaraciones serán varios viernes consecutivos de octubre, a partir del día 15, y empezarán con los tres principales implicados.

Así, el juez ha admitido la querella presentada en julio por la Fiscalía de Barcelona contra 15 personas, por varias irregularidades cometidas por miembros de la Fundación y el grupo empresarial vinculado a sus gestores, IMS.

De hecho, en su escrito el fiscal recoge que entre 2004 y 2006 los principales implicados --Joan Albert L.S., Miquel Ángel C.G. y Josep B.C.-- desviaron 1,7 millones de euros de la Fundación al grupo empresarial, sin que se haya podido esclarecer a qué se destinaba dicho dinero, que se transformaba en su mayor parte en dinero en efectivo.

La querella incluye otras irregularidades, en este caso vinculadas supuestamente a UDC, como que el pago de servicios que la empresa Kontrast Produccions le prestó al partido finalmente fueron abonadas por el grupo IMS, administrado por Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G., ambos vocales de la Fundación.

Así, este grupo de empresas presuntamente pagó lo que debía UDC a esta empresa dedicada a organizar congresos, asambleas y eventos, "sin que conste la existencia de saldos deudores ni de relaciones negociales de ningún tipo entre IMS y UDC", explicó el fiscal en su escrito, que considera que esta actuación constituye un delito de falsificación documental y apropiación indebida.

FRAUDE DE CINCO MILLONES A BANCOS

Entre otros presuntos delitos, el fiscal detectó un supuesto fraude de cinco millones de euros a distintos bancos cometido hasta 2008 por parte de los ahora imputados, que solicitaban financiación para IMS mediante documentación falsa.

Los cinco millones defraudados a entidades bancarias los conseguían los querellados utilizando dos niveles de grupos de empresas: el primero solicitaba a los bancos líneas de descuento para hacer frente a facturas --que resultaban ser falsas-- y que debían abonar las sociedades del segundo nivel. Los descubiertos se iban tapando gracias a nuevos créditos, y así hasta crear una 'pelota' financiera que concluyó en un concurso de acreedores.

Para el fiscal, el concurso de acreedores "evidencia la maniobra absolutamente fraudulenta" ya que apenas existen en dichos concursos de las diferentes empresas del grupo otros creditores que no seas las propias entidades financieras.

Asimismo, el fiscal observa indicios de un delito de administración desleal en el alquiler de cinco locales propiedad de la Fundación Cataluña i Territori a UDC, desde 2002, ya que desde 2005 la fundación no percibió ningún alquiler de parte del partido, además de su posterior venta de estos locales "por un precio sensiblemente inferior al de mercado".

Para la Fiscalía, resulta "razonable" que debido a la "afinidad ideológica y los vínculos estrechos entre fundación y partido", la disposición de bienes de una a favor de la otra no se produzca necesariamente a precios de mercado, pero "una cosa es no obtener beneficios en la transmisión o procurar al comprador un precio ventajoso, y otra diferente es consentir el impago del alquiler durante más de cuatro años o vender cuatro inmuebles por poco más del valor catastral".