Cita el caso de Portu y Sarasola y pide una "declaración política" del Gobierno para reforzar el mensaje de tolerancia cero
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha hecho publicó un informe sobre su última visita a España en 2007 en el que denuncia varios casos de malos tratos, algunos a detenidos de ETA, y pide a las autoridades españolas que emitan una "declaración política a un nivel apropiado" para reforzar el mensaje de tolerancia cero con este tipo de prácticas entre los miembros y Fuerzas de Seguridad del Estado.
"El CPT apela a las autoridades españolas a asegurar que un mensaje de tolerancia cero de maltrato de personas detenidas alcanza a todos los funcionarios policiales en todos los niveles y reforzar aquel mensaje con una declaración en el nivel político apropiado", dice el informe de este organismo recogido por Europa Press en el que además recomienda que siempre que un detenido alegue maltrato, el juez debería registrar las alegaciones por escrito, ordenar "inmediatamente" un examen forense médico y tomar los pasos necesarios para asegurar una investigación.
Entre la delegación de CPT que visitó Espala durante dos semanas --entre septiembre y octubre de 2007-- se encontraba una de las integrantes del Grupo de Contacto Internacional (CGI) formado por el abogado Brian Currin tras el alto el fuego de ETA, Silvia Casale, quien presidió el CPT entre 2000 y 2007. Para realizar su estudio la delegación visitó prisiones, comisarías y centros de detención en Madrid, Cataluña, el País Vasco y Canarias y llegó a reunirse con responsables políticos incluido el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Casale es criminóloga, y desde 1998 ha sido miembro de la Comisión de Revisión de Sentencias en Irlanda del Norte, así como integrante del Comité Europeo de Prevención de la Tortura desde 1997. Desde el pasado mes de febrero integra este Grupo Internacional de Contacto (GIC) promovido por el experto en resolución de conflictos y abogado sudafricano, Brian Currin, vinculado a la izquierda abertzale.
En su informe publicado hoy hacen referencia a varios casos de torturas por parte de las fuerzas de seguridad hacia detenidos por su relación con la banda terrorista ETA sobre los que pide información a las autoridades españolas.
PORTU Y SARASOLA
Uno de los casos por los que muestra preocupación es la detención el 6 de enero de 2008 de Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado contra la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006. El CPT se refiere a los supuestos malos tratos recibidos, durante la detención en régimen de incomunicación por parte de la Guardia Civil y respecto de los cuales el citado Comité "entiende que se han iniciado acciones penales", requiriendo información referida al resultado de dichas acciones.
Por aquellos hechos, el pasado mes de diciembre fueron condenados cuatro guardias civiles por un delito de torturas en la detención y en el traslado de ambos detenidos, no en la incomunicación como apunta el informe. En cualquier caso, según han precisado a Europa Press fuentes oficiales, la respuesta de España a este informe es anterior a esa sentencia por lo que las autoridades tan sólo indican que "se está recabando toda la información pertinente para esclarecer la posible concurrencia de malos tratos por parte de la Guardia Civil a las dos personas citadas".
El relato de los hechos ofrecido entonces por España explicaba que "la huida de los dos individuos obligó a los agentes a perseguirlos para lograr su detención, en cuyo momento ambos se resistieron con agresividad y violencia contra los agentes (...) por lo que los agentes actuantes se ven obligados a emplear la fuerza física necesaria para lograr reducirlos, siendo finalmente esposados.
"Durante el tiempo en que permanecieron bajo custodia de los agentes de la Guardia Civil, el trato que se dispensó a los detenidos por parte de estos agentes fue correcto y acorde con la legislación vigente en España, siguiendo los parámetros establecidos para este tipo de actuaciones policiales", añadían las autoridades españolas.
Según el CPT otro de estos casos de malos tratos se produjo a raíz de una serie de operaciones realizadas por la Guardia civil el 28 de marzo y el 1 de abril de 2007 en el País vasco y Navarra. "Todo aquellos entrevistados describieron un modelo similar de detención y traslado a Madrid para su incomunicación de 3 a 5 días, así como el maltrato físico y verbal y el interrogatorio intensivo", detalla el informe.
Además, recoge como uno de los detenidos aseguró que en el momento de su detención en Rentería (Guipúzcoa) fue "golpeado por aproximadamente doce oficiales de la Guardia Civil". Añade que después de permanecer esposado y recluido en una celda de las dependencias de Intxaurrondo fue trasladado a Madrid donde "fue golpeado sobre los lados y en la ingle cubierto por una manta". "Él más tarde alegó que en una ocasión un palo fue insertado en su ano", denuncia el informe.
RESPUESTA DE ESPAÑA
Sobre este punto, la respuesta de España --adjuntada en el informe-- indica que "durante todo el tiempo en que los detenidos permanecieron en régimen de incomunicación, todos ellos recibieron un trato correcto acorde en todo momento con la legislación y los parámetros establecidos para este tipo de actuaciones. Asimismo, fueron reconocidos por el Médico Forense".
En sus explicaciones España destaca como "esclarecedor" el documento incautado al Comando Araba/98 de ETA y obrante en el Juzgado Central de Instrucción, número 1 de la Audiencia Nacional "en el que, se describen con todo lujo de detalles cómo deben actuar los miembros de la organización cuando son detenidos: 'Ante una detención, por corta e insignificante que sea, aunque os pongan en libertad sin cargos, ni fianza, ni ninguna otra medida represora, hay que denunciar torturas'".
"Además, en dicho documento, se facilitan ideas e instrucciones precisas para hacer verosímiles tales denuncias falsas, así como una detallada explicación de los objetivos políticos a conseguir con esta estrategia, entre ellos :'mostrar la represión de la legislación antiterrorista, impropia de lo que denominan el Estado de Derecho' y 'crear vías para que organismos internacionales se interesen del problema de la falta de libertad de nuestro pueblo, internacionalizar y hacer oír la represión'", añaden las autoridades españolas.
En estas respuestas además detecta algunos fallos en el informe del CPT como "cuando, en su apartado 25, sitúa en un máximo de 13 días el período de detención policial aplicable en España a los delitos relacionados con el crimen organizado, terrorismo o drogas". Además recuerda que "la ampliación del plazo de detención en el caso de detenidos vinculados con actividades terroristas que contempla la legislación española no es ni la única en el entorno europeo e internacional ni puede considerarse la más restrictiva" ya que en ningún caso supera los cinco días.
"Si se compara nuestro ordenamiento jurídico con los de otros países próximos a nuestro entorno, y anteriormente apuntados en este informe, la posición española es mucho más benigna para el detenido, pues, aun en el caso de terrorismo, aunque se encuentre incomunicado en las dependencias policiales, bien dentro de las 72 primeras horas, bien dentro de las 48 de prórroga que haya concedido la autoridad judicial, esta situación de incomunicación no le privará del derecho a defensa que le asiste, derecho que permanece", concluye.
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