El inicio del juicio contra 22 responsables de Udalbiltza Kursaal se retrasará al próximo mes de septiembre

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional retrasará previsiblemente al próximo mes de septiembre el inicio del juicio contra 22 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal por los delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos, informaron hoy fuentes jurídicas.

El comienzo de la vista oral estaba previsto en un principio para el mes de junio. No obstante las defensas de los procesados han solicitado al tribunal --que presidirá la juez Angela Murillo-- un aplazamiento debido a que estos mismos letrados tendrán que acudir durante ese mismo mes al Tribunal Supremo donde se prevé la comparecencia de testigos y la realización de diversas pruebas en relación con el proceso de ilegalización de ANV y PCTV.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 10 y 15 años de prisión para los 22 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna por los delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos. Los procesados se enfrentan a una pena global de 240 años de cárcel.

Entre los acusados figura Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva y fue condenado recientemente por integración en organización terrorista en el juicio contra el entramado 'Ekin' a 18 años de prisión por integración en organización terrorista en calidad de dirigente e insolvencia punible.

También figura como acusado Joseba Mikel Garmendia, presunto miembro del aparato de finanzas de ETA y responsable en este caso concreto de los asuntos económicos la entidad ilícita, así como y Miriam Campos, también condenada en el macroproceso contra el entorno de ETA por su vinculación al aparato internacional de la organización terrorista, conocido como 'Xaki', en este caso a 11 años por integración.

Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado 'Proyecto de Construcción Nacional' de la banda y depende directamente de ella.

"La entidad denominada Udalbiltza Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de EKIN y del suspendido e ilegalizado partido político Batasuna", señalaba en su escrito el fiscal Juan Moral.

FINANCIADOS POR MÁS DE 60 AYUNTAMIENTOS.

Para desarrollar esta estrategia, las instituciones más adecuadas son los Ayuntamientos, que, según defiende la Fiscalía, gozan de una credibilidad mayor para el ciudadano. El fiscal considera que ETA emplea la legalidad para generar "espacios de alegalidad" como Udalbiltza, que se financian en parte con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones municipales (miembros de la ilegalizada Batasuna).

Moral apunta a que un total de 66 ayuntamientos aportaban parte de sus respectivos presupuestos, utilizando dos modalidades a elegir entre la entrega de un 1% de su presupuesto anual o bien un 1,4% de sus ingresos ordinarios. Los primeros en realizar esta aportación económica fueron los consistorios de Oyarzun, Astigarraga y Zaldivia, todos ellos guipuzcoanos y controlados en aquel momento por Batasuna.

Entre las pruebas que maneja la Fiscalía para acusar del delito de integración en ETA a los 22 responsables de Udalbitltza Kursaal se encuentra una carta incluida en un 'zutabe' de febrero de 2001, dirigida al futbolista Bicente Lizarazu en la que la banda, tras solicitarle el pago del impuesto revolucionario, le señala que entre las posibilidades de las que dispone para dirigir esta ayuda se encuentra la de entregársela a los movimientos que trabajan para la construcción nacional de Euskal Herria, entre ellos Udalbiltza.

Los responsables reales de Udalbiltza Kursaal son, según el escrito, los citados Xabier Alegría y Miriam Campos; Leire Idoyaga; la concejala del Ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa), Miren Karmele Urbistondo; el concejal del Ayuntamiento de Vera de Bidasoa (Navarra) Oscar Goñi y la concejal del Ayuntamiento de Oyarzun (Guipúzcoa) Larraitz Sanzberro.

El resto de procesados son José Manuel Jurado Torvisco, Lander Echebarría Garitacelaya, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Joseba Mikel Garmendia, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Charles Etchecaharreta (responsable de la Asamblea en Francia), Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maria Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.

Los cuatro responsables que se enfrentan a la mayor petición de prisión, un total de 15 años son Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Alegría y Xabier Iragorri a los que se acusa, además del delito de integración en organización terrorista del que están acusado los 22 y por el que la Fiscalía solicita una pena de 10 años, del de malversación de caudales públicos, por el que pide 5.