MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) presentó hoy en un informe en Madrid en el que denuncia que las autoridades no hayan depurado aún responsabilidades sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes que participaron entre agosto y octubre de 2005 en los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla --en los que murieron 13 inmigrantes y cientos de ellos resultaron heridos-- y que tampoco se hayan tomado las medidas preventivas oportunas.
En este nuevo informe de AI, basado en los testimonios de las víctimas y en los contactos que ésta ha mantenido en el último año con las autoridades de España y de Marruecos, la organización, en boca de su director, Esteban Beltrán, critica el clima de impunidad "total y absoluta" existente sobre lo ocurrido hace ahora un año.
Según destacó Beltrán, ni España ni Marruecos han abierto investigación alguna sobre la actuación de la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí en los citados incidentes, ni han tomado medidas disciplinarias en relación con las muertes y el maltrato que, según indicó el director de AI, se dio a los migrantes, sobre los que se aplicó un "excesivo uso de la fuerza" y se utilizó material antidisturbios (gruesas bolas de goma), así como armas de fuego.
Además, Beltrán explicó que la Guardia Civil expulsó de manera ilegal en la zona entre las dos vallas fronterizas a muchos de los inmigrantes que pretendían acceder a territorio español, sin que les dieran la opción, tal y como exige la Ley en nuestro país, de recibir asistencia letrada, ni acceso a un intérprete ni mucho menos la opción de la solicitud de asilo.
MARRUECOS
En rueda de prensa, la organización puso también sobre la mesa la situación que se vivió al otro lado de la frontera con España, donde miles de personas fueron detenidas por las autoridades marroquíes que, al sospechar sobre su condición de migrantes irregulares, los expulsaron a la frontera con Argelia, cerca de la ciudad de Oujda.
De ahí a menudo eran llevados nuevamente a la frontera de Marruecos o a otros países vecinos, sin que estuviese asegurada su integridad física ni se les diera la posibilidad de impugnar la decisión de examinar el fundamento de dicha decisión.
Pero es que, un año después de que se registraran estos incidentes en la frontera entre España y Marruecos, "el riesgo de violación de los Derechos Humanos sigue siendo el mismo", señaló el directo de AI, puesto que "no se han tomado medidas preventivas" ni se han depurado responsabilidades sobre lo ocurrido.
Por tanto, el territorio entre las vallas, según sus propias palabras, "sigue siendo un limbo legal en que no se aplica la Ley de Extranjería". Beltrán argumentó esta afirmación señalando que en la actualidad "nadie puede acceder a Ceuta y Melilla para pedir asilo político y, lo que es peor, se sigue pudiendo aplicar el uso de la fuerza", según se desprende de las denuncias recibidas por AI.
TRES MUERTOS EN JULIO
Como ejemplo de ello, la organización denunció la muerte de tres personas en julio de 2006 murieron al tratar de entrar a España desde Marruecos. Según informó el director de AI, al día siguiente, el ministro del Interior accedió a proporcionar a AI información actualizada sobre la investigación de éste y anteriores incidentes, algo que, destacó, aún no han recibido.
"El ministro del Interior de España debe cumplir su palabra y facilitar el resultado de las investigaciones, así como asegurarse de que las normas sobre uso de la fuerza están en consonancia con el derecho y las normas internacionales, tal y como se comprometió con AI", manifestó su director.
Así las cosas y al objeto de intentar poner solución a esta situación de impunidad, AI sugirió al Gobierno español que cree un organismo independiente con recursos suficientes para investigar todas las denuncias de violaciones de Derechos Humanos y el establecimiento de un protocolo de uso de la fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad.
UE Y ONU
Asimismo, AI instó a la Unión Europea (UE) a que se asegure de que España, Estado miembro de la organización, lleva a cabo sin demora investigaciones "minuciosas, independientes e imparciales" sobre el uso excesivo de la fuerza o de las armas de fuego por parte de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que asimismo se asegure de que cualquier acuerdo de readmisión firmado entre la UE y Marruecos incorpora disposiciones adecuadas en materia de derechos humanos.
AI anunció además que va a enviar los resultados de sus investigaciones que están plasmadas en el informe a los organismos internacionales de Derechos Humanos (Naciones Unidas y Consejo de Europa), con el fin de que presten atención a la "ausencia de resultados visibles" en relación con los hechos ocurridos hace un año en Ceuta y Melilla.