SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Nov. (EP/IP) -
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, propuso hoy en el Parlamento la creación de juzgados especiales que sólo tramiten las actuaciones derivadas de Extranjería e Inmigración en Canarias para descongestionar los tribunales en la región.
Ruano explicó que "otro" problema que explica la saturación de los juzgados ante la llegada masiva de pateras a las islas es la "exigencia normativa" de las actuaciones judiciales en la materia, "a diferencia de otros países europeos que tienen un menor grado de 'judicialidad' en sus procedimientos inmigratorios". Por ese motivo, sugirió que debería practicarse una modificación en las leyes de la materia para disminuir la necesidad de las intervenciones de los juzgados en la tramitación de esos asuntos.
El consejero explicó también que la "insuficiencia" de juzgados en Canarias para gestionar con "efectividad" la presencia de inmigrantes irregulares en las islas se debe a que la "ley impide que las 'diligencias indeterminadas', que son el mecanismo por el que se encauzan esos trámites, computen a efectos de solicitar la creación de nuevos órganos de justicia, lo que es un problema para Canarias por la situación que afronta ahora". "Eso hay que cambiarlo".
Otro cambio normativo propuesto por Ruano fue la modificación del Código Penal o la inclusión en la Ley orgánica del Poder Judicial como delitos perseguibles de forma extraterritorial los de inmigración clandestina por vía marítima. "Las tripulaciones y patrones de los cayucos que son detenidos o auxiliados fuera de las 12 millas españolas quedan absueltos actualmente", denunció.
Mientras que el consejero y los diputados del Partido Socialista Canario (PSC) aseguraron que con los refuerzos a los juzgados del municipio tinerfeño de Arona la situación "está bajo control por ahora", la diputada popular, Carmen Nirva Macías, exigió a Ruano que "se ocupe de lo que se tiene que ocupar". Macías "exigió" que el Gobierno canario refuerce la plantilla de los funcionarios, jueces y magistrados de los juzgados en todas las islas, la creación de más unidades judiciales, la asignación de más recursos materiales para el funcionamiento de la Justicia en Canarias, una "mayor" dotación presupuestaria y la mejora de las instalaciones judiciales en el archipiélago. .
