Inmigración.- El PCE pide al Gobierno que "rectifique" y que España acoja a los más de 300 irregulares del 'Marine I'

Actualizado: lunes, 12 febrero 2007 19:20

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PCE pidió hoy al Gobierno que "rectifique" su gestión del rescate del buque Marine I y España acoja a los más de 300 irregulares asiáticos y subsaharianos que desembarcaron este mediodía en el puerto de Nuadibú en Mauritania tras dos meses de travesía y una semana averiado en las costas mauritanas. Además, exige al Ejecutivo que "explique" en el Congreso la crisis diplomática con el país africano.

El partido comunista denunció en un comunicado el incumplimiento por parte del Gobierno del derecho internacional, en concreto, del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 1979, tras negarse a acoger a los inmigrantes en territorio español. Asimismo, criticó la actitud de las autoridades canarias por impedir que los integrantes del buque fueran llevados a las islas "siquiera para poderles asistir" y el "mercadeo" entre España y los países africanos con el fin de "deshacerse" de los irregulares.

"El PCE exige una explicación en el Parlamento y a la opinión pública, así como una inmediata rectificación para la acogida de estas personas, a las que se debe, si por un Estado democrático y de Derechos nos tenemos, la asistencia y el tratamiento del que son acreedores simplemente como seres humanos", reza el comunicado divulgado por el partido.

El PCE considera además que el Gobierno ha vulnerado "gravemente" el Derecho de Asilo de los inmigrantes y el Derecho Humanitario en general, "llegando al extremo de negar el auxilio a personas en grave riesgo, como si el hecho de ser presuntos inmigrantes les despojara de su cualidad de seres humanos". Así, acusa al Gobierno de realizar "una vulneración consciente" del derecho internacional dadas la similitud del caso actual con el del pesquero Francisco y Catalina el pasado mes de julio.

El PCE quiso poner de manifiesto el "doble rasero" con el que, a su entender, el Ejecutivo aplica el Convenio de 1979 y que, a su modo de ver, "repugna a cualquier conciencia democrática". El partido comunista denunció así que los Gobiernos distingan en la práctica entre "verdaderos náufragos" y personas, que aún estando en peligro de naufragio, "se presumen inmigrantes o peticionarios de asilo, cuya vida no sería obligatorio preservar".