BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El último inquilino del número 29 de la calle Robador del barrio del Raval de Barcelona, Manel González, que fue desahuciado hoy por orden de una juez, consideró que le han "robado" el piso que ocupaba hasta ahora, y anunció que quiere emprender nuevas medidas legales. "Pienso seguir luchando", sentenció.
El edificio se vendió cuatro veces entre 2001 y 2003, aumentando exponencialmente su valor a pesar de su degradación. Los vecinos sufrieron acoso inmobiliario como cortes de luz y agua, para que abandonaran los pisos y sólo quedó uno, Manel González, de 40 años, a quien el Distrito de Ciutat Vella ha ofrecido un piso de realojo como alternativa.
La propiedad del inmueble presentó una demanda civil contra el inquilino que terminó con la decisión judicial de desahuciar al arrendatario. El 1 de diciembre varios vecinos y entidades ya impidieron el desahucio. No obstante, la juez emitió una orden de lanzamiento a ejecutar entre el 10 y el 30 de diciembre, que se hizo efectiva hoy.
Según explicó González, al bajar a desayunar vio un coche de la Guardia Urbana, otro de los Mossos d'Esquadra y "una pareja de secretas en la esquina". Cuando volvió, se encontró que la cerradura de la puerta del edificio estaba cambiada, y que una empresa de mudanzas estaba bajando sus pertenencias a la portería.
Sobre las 12 horas, dos furgonetas de los Mossos escoltaron la salida de sus pertenencias hasta un camión de mudanzas, a la vez que personas que apoyaban a Manel González gritaban que era "una vergüenza". Sus cosas estaban en bolsas grandes de plástico de color negro. Entre los elementos visibles, se encontraban una estantería con libros, revistas viejas y una maleta.
González señaló que ayer recibió las llaves del nuevo piso de alquiler social que el Distrito ha puesto a su disposición en la calle Tigre, también en el barrio del Raval. A pesar de que inicialmente estaba previsto depositar sus pertenencias en un almacén de Sant Andreu de la Barca, finalmente se trasladaron con González al nuevo piso.
Lamentó que el desahucio se produjo sin que pudiera bajar algunos objetos por su propio pie, como el contrato del nuevo piso. "Suerte que tenía las llaves; si no, me quedo en la calle otra vez", advirtió el hombre, quien agradeció la ayuda de una psicóloga.
ACCIONES LEGALES
Acusó a la Fiscalía de "encubrir" al registrador, "que pone falsedades en documentos públicos sabiéndolo". Además de la querella que presentó hace un año, anunció que ahora quiere ir por la vía contencioso-administrativa porque se le quita el derecho de compra del piso a través de "una resolución del colegio de administradores y notarios que es presuntamente ilegal".
Acusó a las administraciones de "no tener vergüenza", y criticó al Ayuntamiento por "inhibición", una acusación que rechazó el Distrito de Ciutat Vella. En un comunicado, el Distrito recordó que a finales de 2007 presentó una denuncia penal que sigue en trámite contra los propietarios del inmueble, actuando como acusación particular
González tiene previsto declarar mañana ante la Guardia Urbana por el acoso inmobiliario que sufrió, y decir "cuando me cortaron el agua, cuando la luz y cuando la salida de humos", ante lo que concluyó: "Han intentado hacerme la ruina económica".
Consideró que en el Raval hay una especulación inmobiliaria "bestial", que se explica por la llegada de un hotel en la Rambla del Raval y de oficinas de la UGT, según dijo. Además de él, advirtió de que la calle Robador está afectada por el 'mobbing' inmobiliario, y recordó que del número 27 "sacaron a un señor hace unos meses".
El edificio tiene un bar en un bajo cuya propietaria, Flora Iglesias, explicó que le quedan siete años de contrato de alquiler, y que hace medio año recibió una oferta de los propietarios del bloque, con quienes mantiene "una buena amistad", para abandonarlo. Sin embargo, la rechazó al considerar que no le conviene, según dijo.
El portavoz de la Coordinadora Contra l'Especulació del Raval Pere Farré reclamó al Ayuntamiento comprar el edificio para destinarlo a alquiler social, y pidió al consistorio y a la Generalitat que se presenten como acusación pública en este caso y de aquellos de acoso inmobiliario que conozcan.
El miembro de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne Josep Molina defendió una modificación de la Ley de Vivienda para que no se desahucie a ninguna familia con dificultades económicas. El también abogado de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) lamentó que González no pudiera bajar sus pertenencias por su propio pie.
