MARBELLA (MÁLAGA), 8 May. (EUROPA PRESS) -
El coordinador regional de IU, Diego Valderas, exigió hoy al PP y al PSOE una modificación de la Ley Electoral con el fin de apartar de manera preventiva "a cualquier persona procesada por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra el interés general" del ejercicio de su función pública hasta que concluya el proceso judicial.
Valderas, quien desglosó dicha petición dentro de un acuerdo anticorrupción suscrito esta mañana en Marbella (Málaga) por los ocho coordinadores provinciales de IU en Andalucía, manifestó que "mucho me temo que no lo harán --en referencia a PP y PSOE-- porque a poco que se escarbe en sus listas se observa que llevan una cantidad de tránsfugas, imputados y procesados que es alarmante".
El dirigente de la coalición de izquierdas estimó que la propuesta no atenta contra el derecho a la presunción de inocencia, ya que "los derechos se pueden restituir" una vez finalizado el procedimiento.
REGISTRO DE RECALIFICACIONES URBANÍSTICAS
Asimismo, y dentro de este programa, Valderas adelantó que su grupo instará a las agencias tributarias andaluza y estatal a que "investiguen y persigan aquellos patrimonios que se vean aumentados desde la acción municipal", y solicitó a las administraciones la creación de un registro de recalificaciones urbanísticas "para que se sepa qué se recalifica, con qué condiciones y dónde van a parar esos ingresos".
El coordinador autonómico de IU acusó al PP y al PSOE de "haber pasado muchos años mirando para otro lado" en Marbella y estimó que sus cabezas de lista "no son dignos" de recibir la confianza ciudadana en las próximas elecciones municipales. Valderas retó, además, a ambos grupos a mantener un debate público sobre la corrupción en Andalucía y en la localidad malagueña "para ver quién miraba hacia otro lado a lo largo de la historia".
REFERÉNDUM REVOCATORIO
Por su parte, el coordinador general del PCA José Luis Centella planteó, dentro del "código ético" suscrito esta mañana, la posibilidad de "impulsar la revocación de cargos públicos cuando se entienda que ese cargo ha estafado política o económicamente", a través de un referéndum.
Centella entendió que esta medida representa "un elemento clave como vara de medir, que es la democracia participativa" y ejemplificó su ejercicio con el referéndum revocatorio bianual que se practica en Venezuela, "donde cualquier ciudadano puede plantear que se revoque un cargo público, ya sea el presidente de la República o el concejal de turno".
Abogó por la dinamización de los procesos judiciales en materia anticorrupción y demandó que la Fiscalía pueda disponer de más medios para actuar, a fin de "no tener que encontrar un juez heroico para que se pueda empezar a desempolvar algo de lo ocurrido".
Por otra parte, el dirigente de IU aseguró que su partido "sigue manteniendo sus compromisos de no asumir a ningún tránsfuga y de no mantener compromisos políticos con quien haya utilizado su acta de concejal para cambiar la voluntad popular".
