Busca evitar que los recursos contra decisiones de las Mesas de las Cámaras tarden cuatro años en fallarse, como ocurre ahora
MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds quieren que se modifique la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se fije un plazo límite de tres meses para que el máximo intérprete de la Carta Magna resuelva los recursos de amparo que presenten los diputados nacionales o autonómicos y los senadores contra decisiones o actos sin valor de ley adoptados por los órganos rectores de las Cámaras legislativas a las que pertenezcan.
Con este objetivo, IU e ICV han registrado una proposición no de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que explican que el Constitucional suele tardar unos cuatro años en fallar sobre este tipo de recursos, con lo que aunque el tribunal dé la razón a los parlamentarios, el daño habitualmente no se puede reparar.
El artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional faculta a los diputados y senadores a presentar un recurso de amparo cuando consideren que la decisión de algún órgano de la Cámara en la que ejercen su labor atenta contra sus derechos fundamentales. Habitualmente, estos recursos se basan en un supuesto atentado contra el artículo 23 de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes políticos.
Esta es la fórmula que pueden emplear los diputados en los casos en los que la Mesa del Congreso rechace tramitar alguna de sus iniciativas, como preguntas parlamentarias o peticiones de datos al Ejecutivo.
EL REY O LAS CACERÍAS DE CASCOS
Por ejemplo, en la anterior legislatura ERC Joan Tardà llevó al TC la negativa de la Mesa del Congreso a calificar varias iniciativas relativas a la Casa del Rey y el PP hizo lo propio contra la creación del grupo parlamentario de ERC que, a su juicio, se formó sin cumplir los requisitos formales para ello.
Años antes un parlamentario del PSOE recurrió por los impedimentos que encontró al intentar obtener información sobre las cacerías en las que participaba el que fuera ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. También en la última legislatura, con el PP en el Gobierno, el PSOE presentó un recurso de amparo contra negativa del PP a aceptar la comparecencia de José María Aznar para hablar de la guerra de Irak cuando las Cortes estaban disueltas.
Los parlamentarios que crean conculcados sus derechos tienen un plazo de tres meses para presentar el recurso de amparo desde el momento en el que la decisión contra la que protestan es firme. Ese es precisamente el plazo límite que IU e ICV proponen que se fije para que el TC responda.
Los firmantes de la iniciativa reclaman que se establezca ese plazo máximo para evitar que, como pasa ahora, la resolución se demore hasta la siguiente legislatura. "En la práctica lo que ocurre es que si hubo violación de derecho fundamental o libertad pública, cuando el tribunal viene a otorgar el amparo, ya acabó la legislatura, con lo que el órgano contra el que se interpuso el recurso ha cambiado y el propio recurrente en ocasiones ya ni siquiera ocupa el cargo que ocupaba", se quejan IU e ICV.
Por todo ello, demandan que se fijen unos "plazos reducidos para la interposición, tramitación y sustanciación" de estos recursos de amparo y que su resolución no se demore más de tres meses. IU e ICV recuerdan que, por ejemplo, los recursos contenciosos electorales se rigen por una regulación especial, y recalca que, en ambos casos, "el bien jurídico protegido va más allá del derecho fundamental del recurrente" porque, por extensión, afecta también a los ciudadanos a los que representan y, por tanto, "a un pilar básico del sistema democrático".
