Jarrai.- El grupo de trabajo 18/98+ denuncia que el fallo quiere sentar precedente mediante "derecho penal del enemigo"

BILBAO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo 18/98+ aseguró hoy, en referencia al fallo del Tribunal Supremo que declara a Haika, Segi y Jarrai como organizaciones terroristas, que "desde diversas instancias políticas e incluso jurídicas se venía señalando que esta sentencia debería sentar un precedente para el resto de causas pendientes, empezando por el sumario 18/98" y "parece que así se pretende que ocurra", lo que, a su entender, demuestra que nos encontramos "ante una Justicia de impulso político, ejercida en los parámetros del llamado 'derecho penal del enemigo'".

Según explicaron en una nota, a falta de conocerse el contenido íntegro de la sentencia del TS, desde este grupo de trabajo expresaron "su seria alarma" ante una decisión que supone "el inmediato ingreso en prisión de 23 jóvenes".

"Se trata de una muy grave condena, además de las graves consecuencias que pueden desprenderse de las dos frases del fallo, considerando 'terroristas' a dichas organizaciones juveniles", añadieron.

Para el grupo de trabajo 18/98+, la sociedad vasca percibe que, "una vez más, se utiliza el sistema judicial para recortar derechos civiles y políticos, que son de toda la ciudadanía y no sólo de las personas directamente afectadas". "Los limita y vulnera", agregó.

Asimismo, creen que, "bajo el concepto expansivo de 'todo es ETA', se pretende criminalizar prácticas políticas, movimientos sociales, derechos de reunión, de asociación, libertad de expresión", en una actuación que, advirtieron, "no hace sino contribuir a agravar las tensiones existentes".

Ante todo ello, este grupo de trabajo señaló que es necesaria la implicación de la ciudadanía en la defensa de los derechos civiles y políticos, para que "todos los derechos de todas las personas vayan llenándose de contenido".

En la actualidad, concluyeron, el grupo de trabajo 18/98+ impulsa la campaña "J'accuse" de autoinculpación "por ejercer los derechos civiles y políticos afectados en estos sumarios" y también de acusación a los poderes públicos "que utilizan la Justicia como instrumento para la persecución y castigo de ideas políticas legítimas".