El juez acuerda que el partido local Ara Reus (Tarragona) se persone como acusación particular por el caso Innova

TARRAGONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus ha acordado que el partido local Ara Reus se persone como acusación particular en el caso del pago de facturas presuntamente irregulares en la empresa municipal Innova, tras la querella que el partido local interpuso contra el exdirector general de Innova, Josep Prat, también expresidente del Instituto Catalán de Salud (ICS), y el exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) Carles Manté.

Según han informado Ara Reus este martes en un comunicado, el juez ha acordado que Ara Reus se pueda personar en el caso, ya que sus concejales tienen interés en el "correcto y legal funcionamiento de la empresa municipal".

En la querella, el partido local denunció que Manté pudo cobrar de Innova cerca de 695.000 euros en 2007 y 2011 en concepto de honorarios desde su empresa CCM por labores de consultoría estratégica, sin que en el Ayuntamiento conste ningún trabajo que justifique las facturas ni su importe.

Los concejales de Ara Reus Jordi Cervera y Misericòrdia Fargas han considerado que, como representantes públicos y concejales en el Ayuntamiento, deben velar por que la actividad de la empresa Innova "se ajuste a la legalidad" y por que los fondos públicos que gestiona sean destinados a las finalidades previstas.

Por eso, Ara Reus ha valorado como una buena noticia la decisión del juzgado, ya que permite que el partido siga en el camino de la "firmeza política para hacer que Reus sea una ciudad más transparente", y garantiza que pueda participar de forma activa en el proceso.

DILIGENCIAS BAJO SECRETO DE SUMARIO

En el mismo comunicado, Ara Reus ha informado que las declaraciones tomadas ante el juez a Prat y Manté para las diligencias seguirán bajo secreto de sumario durante, como mínimo, 30 días más, en el Juzgado de Instrucción 3 de Reus.

Prat y Manté están imputados por los delitos de malversación de fondos públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública y, por el momento, los dos están en libertad condicional tras su detención el 27 de febrero.