La juez archiva la última querella de la 'guerra de comisarios' por "inexistencia de indicios"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid, Josefa Bustos, ha archivado la querella presentada por el inspector jefe de Asuntos Internos Rubén Eladio López contra la ex cúpula policial, por las supuestas represalias que asegura que sufrió en el contexto de la llamada 'guerra de comisarios', debido a la "inexistencia de indicios".

"Tras el exhaustivo análisis de los extensos testimonios recibidos de los juzgados que obran en la causa y de las declaraciones prestadas por todos y cada uno de los querellados y demás documental aportada, se concluye la inexistencia de indicios de haberse cometido los delitos que de forma genérica se atribuyen a los querellados", dice la instructora en un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press.

López se querelló en 2018 contra altos cargos policiales de la época de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior a los que acusó de haberle acosado por sus investigaciones en torno al entonces comisario José Manuel Villarejo a raíz del llamado caso 'Nicolay' sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás'.

Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos dirigida por Marcelino Martín Blas empezó a investigar a 'El Pequeño Nicolás', tras conocerse que se hacía pasar por un alto cargo, para determinar si había contado con la colaboración de efectivos policiales. La 'Operación Nicolay' se encomendó al Grupo IX, encabezado entonces por López.

Conforme a la querella, el desarrollo de la investigación permitió acreditar el nexo entre 'El Pequeño Nicolás' y Villarejo y la vinculación de ambos a "hechos de naturaleza criminal junto a terceros". Habría sido en ese momento cuando éste último, sirviéndose supuestamente de una serie de miembros de la cúpula policial, intentó sabotear las investigaciones de López.

De acuerdo con la querella, ese "boicot" fue "una acción conjunta realizada por quienes se constituyeron en organización o grupo criminal destinado a presionar, coaccionar y, en definitiva, acosar y represaliar al inspector".

HECHOS YA INVESTIGADOS

López formuló querella por un rosario de delitos: obstrucción a la justicia, represalias, acusación y denuncia falsas, acoso, delitos contra la integridad moral, coacciones, injurias y calumnias a funcionario público, falso testimonio y organización, o en su caso, grupo criminal, falsedad en documento oficial, revelación de secreto, actividades prohibidas a funcionarios y prevaricación administrativa.

La magistrada los analiza uno por uno en base a los hechos denunciados para concluir que la mayoría "han sido conocidos por otros juzgados", de modo que "no procede la continuación en la instrucción por parte de este juzgado en virtud del principio 'non bis in ídem'".

De los restantes, pone el foco en el presunto acoso laboral sufrido por López para determinar que "no existen indicios de la comisión de este delito por ninguno de los querellados, principalmente por los componentes del Cuerpo Nacional de Policía, al atribuirle al querellante las funciones de instructor de forma provisional para la investigación del ya citado 'caso Nicolay", cesando en sus funciones una vez se agotó tal investigación".

"Las expectativas que el querellante pudiera tener para la asignación del puesto que se le asignó de forma provisional de convertirse en definitivo no pueden interpretarse como acoso, sino que una vez cumplida la función para la que fue nombrado quedó sin objeto dicho nombramiento", resuelve.

A ello suma que "ninguna prueba se ha aportado, más allá de las meras manifestaciones recogidas en la querella, acerca de las conductas observadas por los querellados que puedan incardinarse en este tipo penal".

Bustos se expresa en el mismo sentido respecto a las supuestas "coacciones e intromisiones que, a juicio del querellante, demoraron e impidieron la investigación, imputando tales hechos a los máximos responsables de la dirección adjunta operativa, centrándose en Eugenio Pino".

"Interpretando que las coacciones supuestamente sufridas por el querellante consistieron en las varias visitas al juez instructor de la 'Operación Nicolay' por parte de Villarejo, de (inspector) José Ángel Fuentes Gago y otros para denunciar verbalmente irregularidades en la investigación llevada a cabo por el querellante y que propició el posible relevo de los investigadores, entre ellos el querellante, no existe ningún indicio de la comisión de tal delito", concluye.

Respecto al resto de los delitos puestos de manifiesto por López, Bustos subraya que "asimismo se atribuyen de forma genérica y sin explicación de los hechos en los que se fundamenta", por lo que acuerda igualmente su archivo, "ante la falta no solo de indicios sino de conocer a que hechos concretos se atribuyen".

TRES AÑOS DESPUÉS

Con todo, Bustos ha dispuesto "el sobreseimiento y archivo de la totalidad de la presente causa", si bien contra esta resolución aún caben recursos de reforma y apelación.

Al recibir la querella, la titular del Juzgado de Instrucción Número 49 solicitó información a los distintos juzgados para saber qué se había investigado ya y citó a López, frenando así las pesquisas hasta recibirlo todo.

La Audiencia Provincial reactivó el caso en febrero de 2021 ordenando a Bustos que tomara declaración a todos los querellados en calidad de investigados, algo que ha hecho a lo largo del último año para acordar ahora el archivo de la querella.