((Esta noticia sustituye una anterior sobre el mismo tema por un error en la terminología jurídica del primer párrafo))
BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 33 de Barcelona decidió hoy aplazar un juicio de faltas contra los padres de un alumno por agredir y amenazar a dos profesoras del colegio Eduard Marquina de la Ciudad Condal para estudiar si abre diligencias por un presunto delito de atentado a la autoridad, atendiendo la petición de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la Generalitat.
Los hechos ocurrieron hace unas semanas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina, cuando donde los padres de un menor se negaron a pagar una cantidad simbólica de dinero solicitada por el centro para permitir que el niño entrara una hora antes del horario establecido.
Tras negarse a abonar la cantidad, los demandados, Juan V.A. y Montserrat V., se personaron en el centro y amenazaron de muerte a la directora del colegio, Mª Dolores C.Q., a la jefa de estudios, Gloria Z.B., y a la conserje, Carmen P.R., según explicó a Europa Press la letrada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat.
Estas amenazas acabaron en agresión en lo que respecta a la jefa de estudios, Gloria Z.B., a quien cogieron por el cuello causándole lesiones, tal y como consta en un parte médico aportado a la causa.
Tanto la Fiscalía como la abogada de la Generalitat consideran que la gravedad de los hechos y las amenazas de muerte "reiteradas" por parte de los denunciados, que hoy no se presentaron en el juzgado, son motivos para iniciar diligencias previas por un delito de atentado a la autoridad.
Por este motivo, y alegando que las tres afectadas "no sólo son funcionarias sino también una autoridad", la letrada de la acusación particular y el Ministerio Fiscal apuntaron que la agresión puede tipificarse como "atentado a la autoridad", tal y como ordenó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, el pasado 14 de noviembre. Finalmente, la magistrada decidió suspender la vista para tomar una decisión al respecto.
Este el primer caso conocido en que la Fiscalía solicita que se abran diligencias penales por una agresión de este tipo, después de que Mena ordenara a los fiscales del TSJC que persigan como atentado a la autoridad los casos de agresiones a profesionales de la enseñanza y la sanidad públicas relacionadas con el ejercicio de su labor.
Las penas por atentado pueden suponer una condena de entre uno y tres años de prisión y, si se considera que el atentado es contra una autoridad, las penas pueden oscilar entre los dos y los cuatro años de cárcel.
