Juez del 'caso Malaya' apuesta por decomisar bienes a autores de delitos económicos para que no les compense la cárcel

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor de los casos 'Malaya' y 'Ballena Blanca', Miguel Angel Torres Segura, apostó hoy porque se adopten medidas patrimoniales contra los autores de delitos económicos y de corrupción con el fin de que no les compense "pasar un tiempo" en la cárcel, mientras mantengan sus "bienes ilícitos". Además, apeló a la implicación de instituciones y entidades bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.

Durante su intervención en las jornadas "informar en Justicia" que se celebran en el Palacio de Justicia de Bilbao, bajo el título "Instrumentos eficaces en la lucha contra la corrupción económica", el magistrado se refirió a los delitos económicos y los fenómenos de corrupción urbanística que, en muchas ocasiones, van asociados "al blanqueo de capitales". "A día de hoy no se puede concebir ningún delito capaz de generar recursos económicos de cierta identidad, sin una actividad simultánea de blanqueo de esos fondos ilícitos", señaló.

Además, indicó que "el blanqueo de los fondos ilícitos", a su vez, "lleva al desarrollo de nuevas actividades, bien sean lícitas o incluso nuevamente ilícitas, pues genera inevitablemente unos recursos que deben ser utilizados".

Torres Segura destacó que "el blanqueo puede dar lugar a problemas de corrupción y asentamiento de las mafias, facilita el disfrute de los bienes de procedencia ilícita y genera nuevos beneficios para la organización".

"Toda la investigación de delitos capaces de generar recursos debería asociarse en tiempo y forma a una investigación patrimonial sobre blanqueo, donde el dominio de los bienes fuera el criterio básico para determinar la verdadera propiedad de los mismos", añadió.

En este sentido, consideró "básico" el papel de "distintos sujetos", como las entidades bancarias, o de las instituciones, en la prevención y represión del blanqueo de capitales y de los delitos antecedentes como el tráfico de drogas o los fenómenos de corrupción.

A su juicio, no se puede realizar una buena investigación "de estos fenómenos sin contar con la ayuda" de los bancos para obtener información sobre los movimientos sospechosos de cuentas, aunque consideró que todavía estas entidades "se resisten" en algunos casos a facilitar datos, entre otras cosas, por el coste y el volumen de trabajo que les supone. No obstante, apuntó que, en la actualidad, parece que "se han puesto las pilas" para dar "una respuesta más efectiva" a los requerimientos judiciales.

López Pardiñas abogó también porque se realicen equipos y se llegue a acuerdos con la Agencia Tributaria para desarrollar investigaciones, y apostó por la especialización de los Juzgados, por lograr una Policía Judicial que dependa de los jueces. Asimismo, lamentó que, en ocasiones, haya "una duplicidad" entre las labores del juez y del fiscal que prolongan el proceso.

Además, denunció que existe "poca concienciación social" ante estos fenómenos, que, muchas veces, se ven como "casos aislados que no nos afectan", sin percatarse la ciudadanía de que "repercuten en la vida diaria".

PENAS ESCASAS

Asimismo, destacó "las escasas penas" que conllevan, en muchas ocasiones, estos delitos, como en el caso de la prevaricación, en el que se condena a penas de multa e inhabilitación, y reprochó "la idea extendida" entre la Abogacía de que, si se prevé para el hecho delictivo una condena de uno a cuatro años de prisión, la que debe aplicarse es la mínima, si no hay antecedentes.

También señaló que, "para colmo", el delincuente, cuando sale de la cárcel después de cumplir dos o tres años de cárcel, "si no se le aplican medidas patrimoniales", puede mantener un patrimonio importante.

En esta línea, señaló que puede que "le compense" a quien esté en prisión por corrupción, por tráfico de drogas u otro delito, "pasar un par de años malos", si luego "tiene todo su patrimonio". "Le puede salir perfectamente rentable, por lo que creo que lo importante no es la pena que se le impone, sino el decomiso de los bienes", agregó.

Por ello, consideró que el ingreso en prisión debe ir acompañado de la intervención de los bienes, y aseguró que, en otros países, ésta es la primera medida que se adopta para que la persona condena no tenga "sus fondos ilícitos" una vez cumplida la condena.

Entre las dificultades con las que se encuentran los jueces a la hora de realizar su trabajo citó la anulación de las pruebas de intervenciones telefónicas, "la mala regulación de la figura de los arrepentidos" o de protección de las víctimas, la "regulación claramente insuficiente" de la figura del agente encubierto o la ausencia de investigación del patrimonio y blanqueo.

En cuanto al papel de "los arrepentidos", recordó que las organizaciones criminales se encargan de que no lo haya y que éstos prefieren cumplir prisión antes de que se acabe con su vida nada más salir de la cárcel. Además, lamentó que, en ocasiones, la protección a las víctimas, como en casos de explotación sexual, se acabe cuando testifican en el juicio.

También consideró esencial la cooperación internacional, la existencia de una base de datos que permita conocer si los ciudadanos que provienen del extranjero ha delinquido, así como la colaboración de la Interpol y la Europol.

SIN PETICION DE DINERO

Además, señaló que "se ha superado" la fase en la que los responsables políticos y económicos piden dinero al empresario en casos de corrupción urbanísticas, sino que se ha llegado a "sistemas más sofisticados y más complejos", en el que se les va implicando "paulatinamente".

En estos casos, "el responsable político o económico es, de alguna manera, agasajado por el empresario, "en la fase preparatoria": le envía felicitaciones navideñas, le entrega "alguna botella de vino", y se le va "introduciendo" posteriormente "en una ambiente de lujo", invitándole a fiestas o a ágapes, en las que se encuentran "con fuerzas vivas de la localidad".

De esta forma, se va creando "una relación personal" entre el empresario y quien tiene la capacidad para adoptar decisiones políticas o para influir en los proyectos del municipio.

En este sentido, apuntó que se les regala, en un inicio, entradas para los toros, para el fútbol y conciertos, y se pasa a ofrecerles regalos de "alguna estancia en un hotel" donde el empresario tiene intereses, etc.

En este proceso, aunque no se llegue a "una entrega de dinero directo", se puede llegar a la posibilidad de que el responsable político o económico, "de alguna manera, vea la posibilidad de participar en ese mundo" con el fin de obtener beneficios, a veces de tipo económico o incluso puede beneficiarse políticamente para ser reelegido en las siguientes elecciones mediante la realización con construcciones que sean populares.

Además, señaló que, así, éste "acaba participando" en estos negocios y crea empresas en nombre de su familia para eludir "el control" del dinero que ingresa de beneficios.