Villalobos ve en esta ayuda una "señal evidente" de que, para el Estado, la empresa no está implicada en hechos delictivos
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la petición realizada por el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos de reclamar los informes internos y externos que llevaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a dar a Duro Felguera una ayuda de 120 millones de euros, al considerar que "nada tiene que ver" esta inyección de dinero público con las pesquisas sobre la empresa asturiana.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 no ha considerado "pertinente" esta diligencia "habida cuenta de que su realización en nada contribuiría a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados".
Ha seguido así el argumento de la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe no se opuso a que se reclamaran dichos informes pero observó que "nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento".
"Compartimos las razones esgrimidas por el Ministerio Fiscal en el sentido de que nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento", expone el juez Moreno, en un auto del pasado viernes al que ha tenido acceso Europa Press.
En todo caso, el magistrado apunta que "la denegación de las diligencias interesadas en esta fase de instrucción no supone que no pueda instarse su práctica, en su caso, para la fase del plenario".
El ex viceministro venezolano pidió recabar esos informes al ver en la ayuda de la SEPI a Duro Felguera "una señal evidente de que, para el Estado, esta empresa no se encuentra implicada en ninguna actuación delictiva", ya que uno de los requisitos para concederla es que la sociedad beneficiaria no haya sido condenada por sentencia firme.
A juicio de Villalobos, eso implica que la autoridad estatal augura que Duro Felguera no recibirá reproche penal alguno por este caso, lo cual --sostenía-- revela la "inconsistencia" de las acusaciones penales contra la compañía y, por ende, contra él, también investigado en esta causa.
"SECRETO EMPRESARIAL"
Duro Felguera respondió instando al juez a no dar su visto bueno, alegando se trata de "una solicitud de información y documentación excesiva y respecto de aspectos y cuestiones que son de innecesaria valoración en esta causa".
Además, la compañía advirtió de que los datos contenidos en esos informes forman parte del "secreto empresarial", por lo que su divulgación sería "injustamente perjudicial" para ella.
Asimismo, aprovechó para insistir en que "no hay en la causa elemento ni indicio alguno que permita sostener ni el conocimiento ni la autorización ni el consentimiento de Duro Felguera ni de sus administradores, directivos, agentes o empleados en pagos constitutivos de soborno para la obtención del contrato Termocentro" en Venezuela.
EL CASO
La Fiscalía sospecha que los responsables de Duro Felguera entregaron más de cien millones de dólares a Villalobos y otros agentes venezolanos para que utilizasen su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de la empresa.
Uno de los contratos analizados por el magistrado es el que Duro Felguera firmó en 2009 con Electricidad de Caracas (EDC), una filial de Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado, Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de la capital venezolana y su área de influencia.
En un reciente escrito, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado, también investigado en esta causa, aseguró que quienes tenían "total capacidad de decisión" en los contratos que se hacían en el sector energético de la nación caribeña eran el entonces ministro del ramo, Rafael Ramírez, y el propio Hugo Chávez.
