El matrimonio sostiene que el abogado coacusado cobró 90.000 euros por las fianzas y honorarios
GRANADA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 3 de Málaga, Antonio Vicente F.G., que se encuentra suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, negó hoy haber prevaricado y aseguró que nada impedía la libertad de un narcotraficante, medida adoptada por él como juez sustituto en 2004, pese a la negativa del titular del Juzgado que había denegado previamente la misma solicitud, y que lo hizo de forma "motivada".
Así lo manifestó en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, donde ayer comenzó la vista oral por esta causa en la que además del juez, acusado de prevaricación judicial y cohecho, están acusados un letrado F.J.P.A., con el que supuestamente se repartía las cantidades que los clientes le reportaban por la puesta en libertad, un matrimonio --cuyo hombre está en prisión condenado por salud pública, mientras que su mujer fue absuelta-- y un jugador de azar profesional.
La Fiscalía del TSJA pide para el magistrado cinco años de prisión, 54 de inhabilitación y una multa de 27.460 euros; para el matrimonio y el jugador dos años de cárcel y 12.000 euros de multa para cada uno, y para el letrado seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y 48.000 euros de multa.
En su declaración, el juez negó tajantemente haber recibido "cantidad de dinero alguna" al dejar en libertad al matrimonio, así como a otro cliente y tampoco recibió contraprestación por ordenar la devolución del dinero a un jugador que ganó una partida de bingo con "supuestas anomalías", según el relato fiscal.
A preguntas del fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, el juez dijo "no puedo ni afirmar ni negar si mantuve alguna conversación con el abogado coacusado" sobre la puesta en libertad del narcotraficante, después de que ayer lo manifestara así el propio letrado, y negó tener con él una relación de amistad, "sólo era un abogado conocido" a raíz de un caso anterior por un asunto del "cuponazo", aclaró.
90.000 EUROS POR FIANZAS Y HONORARIOS
El matrimonio también acusado manifestó hoy ante el tribunal, que preside Augusto Méndez de Lugo, que su letrado, F.J.P.A., también acusado, cobró 90.000 euros en concepto de fianzas --6.000 euros por él y 3.000 por ella-- y honorarios tras lograr la puesta en libertad de ambos y la devolución del dinero intervenido, si bien en sus declaraciones previas sostuvieron que les entregó la cantidad incautada previamente, 141.000 euros, casi de "forma íntegra".
Tal circunstancia motivó un careo entre el matrimonio, después de que la mujer hubiera ratificado su declaración en el periodo de instrucción, lo que achacó en una segunda intervención a que "no se acordaba bien de lo que había dicho".
Su marido, M.M.G., que se encuentra en prisión por un delito de salud pública, aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo, insistió hoy en que ha dicho "la verdad" y que en sus declaraciones previas "no sabía bien qué era lo que estaba pasando", además de desconocer la cuantía de las fianzas pagadas.
Tanto es así que, según dijo M.M.G., creí que era "razonable" la cantidad que ahora dice que su letrado recibió en concepto de honorarios y fianzas y "me emocioné tanto" al conseguir la libertad que "dejé correr el agua" porque "yo estaba muy contento y el dinero no me importaba".
En su opinión, es una "víctima" del proceso en el que hay otros "culpables", que no entró a detallar, pero destacó que él y su mujer están desvinculados de los hechos y ni conocían al juez ni al abogado, que lo fue a raíz de que un conocido suyo se lo recomendara. En este sentido, el juez aseguró también no conocer de nada al matrimonio y que dictó la resolución que estimó "conveniente".
En relación a la devolución de los 75.000 euros que ganó un jugador en un bingo en Fuengirola y cuya cuantía no le fue entregada hasta ordenarlo el juez, Antonio Vicente F.G. manifestó que adoptó dicha medida cautelar para evitar "molestias" en el jugador que había resultado ganador y porque lo consideró "oportuno".
Por último, sobre la adicción del juez al alcohol y a la cocaína, que consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, Antonio Vicente F.G. reconoció haber tenido algún problema con el alcohol cuando era estudiante, pero descartó tenerlo en el tiempo de su ejercicio profesional.
Así, negó también ser ludópata y no se pronunció sobre su vinculación a locales de alterne en cuyos establecimientos, según el fiscal, acreditaba su condición de juez para no pagar y a cambio "resolver cualquier asunto judicial". La vista continuará el próximo miércoles a las 9.30 horas con la declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público.
