MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha procesado este martes al PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid. En un auto, la magistrada concluye la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". En concreto, por el delito de daños informáticos la magistrada asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera "conocía sobradamente el apoderamiento y la custodia" de dichos dispositivos y "permitió" que Moreno ejecutase dicha orden "a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello". En cuanto al PP, Freire considera que no estableció "un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos" y que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en 'Génova'. Además, califica de "simple folio" el documento que el PP aportó, denominado 'procedimiento de borrado seguro', y precisa que no se puede considerar "serio y riguroso" al no existir un "protocolo interno de seguridad" que fuese conocido por los trabajadores y responsables del departamento informático. Por ello, recalca que esto "permitió que personas de su organización" cometiesen este delito. Con respecto al delito de encubrimiento, la titular del Juzgado número 32 de Madrid dice que es aplicable al abogado y a la actual tesorera de la formación porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Según su criterio, el borrado de los ordenadores tuvo el objetivo de impedir que datos relativos a la contabilidad 'B' de la formación saliera a la luz. Sobre Moreno, subraya que es un "experto" informático y le acusa de este delito por su "colaboración imprescindible" para aplicar las técnicas para la eliminación de archivos. La juez ha rechazado archivar esta causa como le pedía la Fiscalía y las defensas del PP y sus empleados, al considerar que no hay una resolución firme sobre la propiedad de los ordenadores y que no ha quedado acreditado que los discos duros que contenían estuviesen vacíos. De hecho, destaca que los archivos de los ordenadores de Bárcenas "podrían ser muy relevantes" tanto para la defensa del extesorero como para la investigación y esto no "podía pasar desapercibido para los responsables del PP". A pesar de que el Ministerio Fiscal y las defensas dudaron del testimonio de Bárcenas, la magistrada dice que no encuentra en esta declaración "contradicciones palmarias" ya que su relato fue "coherente y firme, e incluso meticuloso". La decisión de la magistrada es un primer paso para que el PP se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. Será la primera vez que una formación política lo haga bajo esta figura. IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid. La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Se trató de la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal de enero de 2014 que lo hacia posible. La Fiscalía y las defensas de los investigados pueden interponer recurso ante la propia magistrada y la Audiencia Provincial de Madrid.
