El juez rebajó la pena al alcalde de Parets (Barcelona) porque devolvió el dinero y se dilató el proceso

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona rebajó a mes y medio el tiempo de suspensión de cargo público del alcalde de Parets del Vallès (Barcelona), Sergi Mingote (PSC-PM), tras valorar que devolvió al Ayuntamiento los 1.847,10 euros usados para descubrir al autor de unos anónimos y que el proceso judicial se ha demorado durante más de seis años, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Además, ha reducido a tres meses la pena de cárcel para el alcalde y para su antecesor en el cargo, Joan Seguer, --condenado al mismo tiempo de inhabilitación también por malversación de fondos públicos--, y que previsiblemente no entrarán en prisión al no tener antecedentes.

Tras el dictamen del jurado popular que declaró culpables a los dos políticos, el fiscal solicitó para ellos la pena de cinco meses de cárcel y una suspensión de empleo y cargo público por un periodo de dos meses y 29 días; la acusación particular se adhirió a la petición de cárcel pero elevó a un año la de suspensión de empleo y cargo público.

La Audiencia ha tenido en cuenta el atenuante de reparación del daño porque los políticos devolvieron el dinero en 2011 --mucho antes del reciente juicio--, pero no como 'reparación total', como pedía la defensa, porque es una suma pequeña que no ha supuesto "un esfuerzo significativo a la economía de los acusados", justifica la sentencia.

Algo parecido ha considerado respecto al atenuante de dilaciones indebidas, que ha calificado de 'simple' ya que pese a la duración del proceso, el juez considera que sí "se ha alargado pero no se ha detenido".

En 2006, y tras recibir tres anónimos, Seguer y Mingote encargaron a un experto caligráfico realizar una comprobación entre estas notas anónimas y varios documentos públicos autógrafos escritos por la líder de NOPP, Rosa Martí, para determinar si sus sospechas sobre la autoría de éstas eran ciertas.

El informe, que relacionaba a Martí con los anónimos, fue presentado en una rueda de prensa ante los medios en periodo prelectoral y, como recoge ahora la sentencia, fue pagada "con fondos públicos del municipio pese a que el fin de dicho informe era ajeno al bien común y a los intereses públicos del municipio".

La sentencia de la Audiencia de Barcelona no es firme y ha dado un plazo de diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el abogado de la defensa ya ha anunciado que presentará.