El juez reprocha a la Fiscalía que no pidiera cinco años más de cárcel para los acusados en el atentado de Herrera

Actualizado: lunes, 21 julio 2008 15:53

El fiscal eleva a definitiva su petición de 73 y 76 años de prisión para los etarras Asier Mardones y Josune Oña

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara reprochó hoy a la fiscal Blanca Rodríguez que no pidiera cinco años más de cárcel para los dos etarras acusados en el atentado que se produjo el 14 de septiembre de 2003 en el alto de Herrera (Álava), en el que murió el también terrorista Arkaitz Otazua y resultaron heridos dos miembros de la Ertaintza.

Durante la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, Guevara indicó a la fiscal que los hechos que se atribuyen a Asier Mardones y Josune Oña deberían haber sido calificados como un delito de asesinato en grado de tentativa y no como un atentado contra las Fuerzas de Seguridad de Estado con resultado de lesiones, lo que habría hecho aumentar la petición de pena que la fiscal solicita para cada uno de ellos en cinco años.

La advertencia formulada por Guevara, presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, contó con el respaldo de dos de los tres integrantes del tribunal, del que también formaban parte las magistradas Clara Bayarri y Angeles Barreiro.

La representante del Ministerio Público elevó a definitiva su petición de 73 y 76 años de prisión, respectivamente, para los dos etarras por sendos delitos de atentado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el robo del vehículo en el que simularon un percance para cometer la acción terrorista y la detención ilegal durante unas horas de sus dos ocupantes, que fueron atados a un árbol en un paraje cercano. A Mardones, además, le imputó la tenencia ilícita de armas.

Además, elevó en 50.000 euros las indemnizaciones que solicitaba para Mardones y Oña, que alcanzan de esta forma los 300.000 y 250.000 euros, respectivamente. También solicitó que en concepto de daños morales abonen 15.000 euros por cabeza a los dos ocupantes del vehículo sustraído.

PARTICIPACIÓN DE OÑA

Durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, la fiscal señaló que los informes periciales de balística practicados por la Ertzaintza ponen de manifiesto que en el atentado participaron Mardones y Otazua, así como un tercer terrorista que podría ser Oña por la cantidad de huellas y vestigios de ADN que se encontraron en el piso de Entrena (La Rioja) en el que presuntamente se preparó el atentado.

También mantuvo la petición de ocho años de cárcel y una multa de 12.000 euros para el presunto colaborador de la banda Samuel Damborenea, amigo personal de Otazua que estuvo en la vivienda de Entrena y le ayudó a transportar alimentos, tal y como reconoció en la primera sesión del juicio.

Rodríguez justificó esta tesis argumentando que el acusado "mintió" al decir que acudió a la vivienda para preparar un examen de derecho porque "no llegó a presentarse" y estuvo en el piso, en el que se encontró un croquis del lugar de los hechos, "en las fechas inmediatamente anteriores al atentado", por lo que conocía los planes del 'comando'.

La defensa de Damborenea, ejercida por su tío, calificó de "auténtica chapuza" las pruebas recogidas por la Ertzaintza, a la que calificó de "policía del Bronx". Asimismo, puso de relieve que, según el Ministerio Fiscal, su representado estuvo en el citado piso el 9 de septiembre de 2003, mientras que para la Guardia Civil los miembros del 'comando' no llegaron hasta el día 10. "Mi sobrino habrá podido ser un vago pero tonto no es", dijo.

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS DE LOS ETARRAS

El abogado de Oña, por su parte, pidió su libre absolución argumentando que la declaración ante la policía en la que Mardones inculpó a la etarra en el atentado "se realizó en el hospital, cuando no estaba en las mejores condiciones". De igual modo, aseguró que los restos de Oña que fueron encontrados en una botella de agua hallada en el vehículo en el que los etarras huyeron tras cometer el atentado "pudo ser llevada allí por cualquiera".

Durante la primera sesión del juicio, que se celebró el pasado jueves, Mardones exculpó a Oña de este atentado y aseguró que la Audiencia Nacional es "un tribunal de guerra". Tanto él como su compañera reconocieron su pertenencia a ETA y se negaron a reconocer la "legitimidad" del tribunal para "juzgar a los vascos", según señaló la acusada.

Damborenea, por su parte, explicó que fue al piso de Entrena, propiedad de los padres de Otazua, para que éste le ayudara a preparar un examen de Derecho que tenía que hacer el fin de semana siguiente, aunque aseguró desconocer que éste estuviera preparando un atentado. "Le ayudé con las bolsas de comida por deferencia", apuntó.

A LAS ÓRDENES DE 'TXEROKI'

Según el escrito de conclusiones de la fiscal, Oña, Mardones y el fallecido Arkaitz Otazua formaban el denominado 'comando Ezkaurre' de ETA junto a Urtzi Gainza Salinas, que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Todos ellos estaban a las órdenes de Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', y Ainhoa Múgica Goñi, 'Olga'.

Sobre las 21.30 horas del 14 de septiembre de 2003, según el relato del fiscal, los cuatro etarras abordaron a los ocupantes de un Fiat Uno en el término municipal de Lagrán (Álava) y, tras esposar a sus ocupantes a un árbol de un bosque cercano, simularon un accidente en el punto kilométrico 32,600 de la carretera A-2124. Para ello, avisaron a la central de emergencias SOS de Logroño (La Rioja) y al Deiak Araba diciendo que su vehículo estaba averiado y obstruía la calzada.

Al lugar de los hechos acudió una patrulla de la policía autónoma vasca destinada en la comisaría de Laguardia. Sus dos integrantes fueron tiroteados sin previo aviso por Mardones y Otazua, aunque consiguieron repeler la agresión y comenzaron un tiroteo que acabó con la vida de este último. A pesar de que el vehículo policial presentaba 11 orificios de bala y el chaleco de uno de los agentes siete, los dos 'ertzainas' lograron sobrevivir.

No obstante, sufrieron heridas por arma de fuego que les dejaron secuelas físicas y psicológicas que les provocaron incapacidad absoluta para volver a trabajar.