MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', ratificará hoy las prisiones acordadas contra cinco de los imputados, tres de ellos de la Concejalía de Medio Ambiente, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su vinculación a la red de cobro de comisiones ilegales para la concesión de licencias.
Se trata de las personas que el juez de guardia, Francisco Javier Teijeiro, envió a prisión en la madrugada del domingo tras tomarles declaración. Estos son Victoriano Ceballos Fernández, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma Concejalía, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de Evaluación Ambiental, Santiago Castillo Morales, y Antonio Sanz Escribano.
El magistrado celebrará una comparecencia para escuchar a los imputados, con el fin de decidir si mantiene o no su situación de prisión. Se trata de un acto procesal formal que se produce después de que el juez de guardia haya remitido al juez instructor las actuaciones practicadas este fin de semana, al pasar a disposición judicial diez de los 17 detenidos por la Guardia Civil.
Además, el titular del Juzgado número 32 reanudará el próximo lunes los interrogatorios al resto de las personas implicadas en la supuesta trama de funcionarios corruptos, que hasta el momento ascenderían a 40. Esta cifra podría aumentar a medida de que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil analice los 187 expedientes de licencias incautados en los registros efectuados por orden del juez.
Tras las declaraciones del pasado miércoles, el juez Torres dejó en libertad a otros cuatro imputados, dos de ellos bajo fianza de 3.000 euros y con comparecencias quincenales. El magistrado adoptó estas medidas cautelares contra José Antonio Jodar y a Luis Olave Martín, dos de los empresarios que supuestamente pagaran a cambio de que se les agilizara el trámite para obtener una licencia para sus negocios.
Asimismo, Oscar Acero, jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo, y Beatriz Martínez, una ingeniero industrial, abandonaron las dependencias judiciales de Plaza de Castilla sin que el juez acordara ninguna medida cautelar contra ellos, al no ser solicitadas por el fiscal César Estirado.
El pasado martes, Torres envió a prisión provisional a Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid implicado ya en otro caso de extorsiones a empresarios, del que fue absuelto. Ese mismo día, quedaron libres sin cargos otros dos imputados, entre ellos Adrián Luengo, de Urbanismo, después de interrogarles para aclarar su conocimiento de los hechos.
También están libres, por orden del juez Teijeiro, Julián López Martínez, Eduardo Agustino Carrasco, Julián Félix Serrano Sierra y Manuel Álvarez de Hoyos. Además, Teijeiro impuso a Mario Mínguez Fernández una fianza de 3.000 euros para eludir la cárcel, mientras que Torres acordó que Sara López Moreno, de la Junta del Distrito de San Blás, pague la misma cantidad para eludir la prisión.
