El juez Torres rechaza tomar declaración de nuevo a empresarios por el caso 'Malaya', al considerar "inútil" la petición

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El instructor del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, ha rechazado tomar declaración de nuevo a varios empresarios imputados, como solicitó la defensa del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y considera que, tal y como está pedida, dicha diligencia de investigación es "claramente inútil".

La defensa de Roca pidió la declaración de una decena de promotores presuntamente vinculados con la trama para que manifiesten si han entregado cantidad alguna de dinero al ex asesor de Urbanismo y si han recibido trato de favor de la Corporación "por indicación expresa de Roca".

El juez, según el auto al que tuvo acceso Europa Press, precisa que, salvo los constructores José Ávila Rojas y en parte Carlos Sánchez y Andrés Liétor, la defensa solicita "curiosamente" la declaración de aquellos promotores que en el procedimiento "se han mostrado más benévolos con Roca".

Así, estima que "carece de sentido que se les vuelva a preguntar de nuevo por los mismos hechos", puesto que estos constructores ya han prestado declaración, "negando tanto los pagos a Roca como el trato de favor". Por tanto, rechaza la diligencia, ya que como está planteada es "claramente inútil" y resulta "totalmente improcedente".

Respecto a la solicitud de certificación municipal sobre los decretos y acuerdos y sobre la impugnación o no de determinadas licencias urbanísticas por parte de la Junta de Andalucía en los últimos cinco años, el instructor cree que tal y como está propuesta "es impertinente".

En la resolución, se explica que "no se trata en este proceso, ni en ningún otro por definición, de estudiar todas las licencias que se hayan podido conceder a determinados constructores, sino de comprobar en su caso si determinadas licencias o convenios se han obtenido del Ayuntamiento a cambio del pago de dinero a Roca y a los concejales".

En este sentido, dice que ya están en la causa todos los expedientes administrativos en los que hubiera mediado una dádiva, pero apunta que "carece de trascendencia y no son objeto de este proceso todas las demás licencias que hayan podido obtener estos promotores en los últimos cinco años".

Además, considera "absolutamente intrascendente" que el Gobierno andaluz las haya impugnado o no y apunta que "en nada influye en la comisión o no de los tipos penales" este hecho. "En esta causa se dilucidan exclusivamente responsabilidades penales", precisa el instructor.

En términos generales, explica que "no basta con alegar un genérico derecho de defensa del imputado para que se deban practicar las diligencias solicitadas", sino que éstas "no deben ser sólo pertinentes y útiles para el objeto del proceso", sino que, además, entiende que deben de estar pedidas en forma tal que quede patente que "son conducentes al esclarecimiento de los hechos".

La defensa del presunto cerebro de la trama de corrupción, que ya ha recurrido el auto del juez denegando las declaraciones, pidió también que se citara al que fuera jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Consistorio Jorge González, cuya declaración por un tema urbanístico distinto dio origen al denominado caso, y solicitó que el mismo día se llevara a Roca al juzgado por si es necesario practicar un careo.