MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La etarra Itziar Alberdi Uranga, detenida hace un año en México tras permanecer huida 22 años, será juzgada hoy en la Audiencia Nacional por dirigir un paquete bomba al Ministerio de Justicia y que provocó la muerte de tres policías, unos hechos por los que se enfrenta a 128 años de cárcel.
El fiscal Carlos Bautista califica los hechos como un delito de atentado, tres delitos de asesinato y otro de estragos terroristas. Alberdi, junto a su pareja Juan Jesús Narváez Goñi, fue recientemente absuelta por la Audiencia Nacional del asesinato del catedrático y miembro del Consejo de Estado Manuel Broseta cuando acababa de impartir una clase en la Facultad de Derecho de Valencia el 15 de enero de 1992.
En este caso, la Fiscalía acusa en su escrito de conclusiones provisionales a Itziar Alberdi de acordar con Joseba Urrusolo Sistiaga remitir un paquete bomba a la sede del Ministerio de Justicia con la finalidad de causar daños personales a los "cargos políticos o funcionarios" allí destinados.
Para ello, Alberdi buscó una agencia de transportes en Valladolid desde la que mandar el material "sin levantar sospechas, con relativa seguridad y anonimato" para ambos terroristas, según se desprende de la documentación intervenida al miembro de ETA Fernando Díaz Torre en marzo de 1992.
EL PAQUETE QUEDÓ DEPOSITADO EN LA EMPRESA DE TRASPORTE
El 25 de junio de 1991, Alberdi y otros terroristas que no han sido identificados facturaron un paquete desde la empresa Express Cargo de Valladolid, siendo el remitente aparentemente Gráficas Jotasu, "correspondiendo su dirección a una casa abandonada". El paquete, de 41,4x 30,5 x 12,8 centímetros bajo la leyenda de la gráfica en negro y con la carga explosiva en su interior, estaba dirigido a Jesús M. Gómez que, en aquel tiempo, ocupaba un cargo en el Ministerio.
Las dependencias ministeriales rechazaron el envío y el paquete quedó depositado en los almacenes de la empresa de transporte, que se puso en contacto con la empresa remitente y recibió como respuesta que la gráfica era "desconocida" en la ciudad. A las 16.30 horas del 1 de julio, una persona llamó a la delegación de Aranda del Duero comunicando que contenía una bomba.
Entonces, un equipo formado por inspectores del Cuerpo Nacional de Policía y de los Tedax desplazado a los almacenes, inspeccionó el paquete y al tratarlo de desactivar, se produjo una explosión sobre las 22.15 horas que acabó con la vida del oficial de Policía Luis Claraco y el subinspector Pedro Domínguez, que murieron en el acto, y del oficial José Luis Jiménez, que falleció más tarde en el hospital. La explosión provocó daños por valor de 324.533 euros.
