Julián Muñoz dice que es "inocente" y que no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel

Actualizado 26/11/2007 20:31:00 CET

Pedro Román queda fuera del caso Incopromar por enjuiciarse sólo la concesión de una licencia por la que no estaba acusado Roca y la mayoría de acusados dicen que los Servicios Jurídicos de Urbanismo, dirigidos por Jorge González, tutelaban los expedientes

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz aseguró hoy que es "inocente" y explicó que aceptó una pena de multa en el último juicio por delito urbanístico porque no quiere seguir en la cárcel, donde se encuentra desde hace 16 meses cumpliendo condenas por delitos contra la ordenación del territorio, tras su detención por el caso 'Malaya'. "Acepto si es necesario que fui el que hizo lo de las Torres Gemelas", apostilló.

Muñoz declaró hoy como acusado en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga por la licencia concedida a Incopromar para un edificio en la avenida del Mar de 10 plantas sobre suelo público, según el fiscal; proceso en el que también están acusados Juan Antonio Roca, Rafael González, Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle y Marisa Alcalá, así como el abogado José Luis Sierra.

Cuestionado por su letrada sobre por qué se conformó en el último juicio con una pena de multa e inhabilitación, el ex regidor aseguró que no se considera culpable pero que aceptó esa pena "porque no quiero pasar el resto de mi vida en la cárcel, enfermo como estoy y con unos traslados cada 15 días". "Si tengo 83 procedimientos pendientes y no tomo la decisión que tengo que tomar, no voy a estar 83 años en la cárcel", apostilló.

Dijo, respecto al caso en cuestión, que "a pesar de los 17 meses que llevo en prisión", sigue declarando de igual forma que en la instrucción, y es que "en ese momento, estaba convencido de que estaba actuando dentro de la más absoluta legalidad". Afirmó que "se nos decía que había que darlas según la revisión" y a partir de lo que dijera el secretario municipal.

Así, precisó que el secretario informaba de si en los listados o cuadernillos ponía que era favorable o no y apuntó que "si me hubiera hecho advertencia de ilegalidad hubiera votado que no", al tiempo que añadió que "si hubiéramos ido en contra del sentido de los técnicos, también estaríamos sentados en el banquillo". Además, manifestó que "nunca" recibió órdenes del ex alcalde Jesús Gil, con el que "de hecho, he tenido enfrentamientos", ni de Roca sobre el voto de las licencias.

SERVICIOS JURÍDICOS.

La mayoría de los acusados coincidieron en que esos cuadernillos eran remitidos por los servicios jurídicos de Urbanismo, dirigidos en ese momento por el abogado Jorge González, cuya declaración en un procedimiento por delito urbanístico dio lugar al caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, en el que están procesados tres de los acusados en esta causa.

En este sentido, Roca aseguró que este servicio era "responsable de las propuestas" que llegaban a las comisiones de gobierno y de que los informes técnicos estuvieran en tiempo y forma, ya que "tutelaba" el expediente. Además, añadió que el servicio jurídico "existía como tal" y González "nunca fue cesado de su puesto", aunque estimó que antes de su problema con Gil dejó de hacer los informes.

Asimismo, explicó que no tenía responsabilidad en la forma de aprobar las licencias conforme a un convenio que se incorporaba a la revisión del plan y aseguró que los concejales en las comisiones "asentían lo que venía informado por los servicios jurídicos", al tiempo que añadió que "podemos decir que las licencias venían dadas por el alcalde, que nunca delegó el urbanismo".

El fiscal solicita en sus conclusiones provisionales 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para Muñoz y los cinco ex ediles por un delito contra la ordenación del territorio; mientras que no acusa ni a Roca ni a Sierra. Las acusaciones populares sí los acusan, en concreto, la que representa a Isabel García Marcos, pide seis meses de prisión y 10 años de inhabilitación para ambos.

En lo que respecta a Pedro Román, acusado también por las acusaciones particulares aunque por su presunta intervención en un convenio y no en la licencia, quedó fuera de la causa, precisamente por no tener participación en el otorgamiento de la licencia, puesto que no asistió a la comisión de gobierno. Esto fue planteado por su abogado defensor, que calificó de "error material" el hecho de su citación, y aceptado por las partes personadas.

Los ex concejales aseguraron que en esas fechas tenían "fe y confianza ciega" en los técnicos y especialmente en los servicios jurídicos urbanísticos, en el secretario y en el informe de José Luis Sierra, sobre la concesión de licencias según la revisión, documento que éste matizó, al asegurar que se decía que los permisos tenían que ser provisionales y con requisito de demolición inmediata.