Asegura que el contenido de la documentación del concurso público demuestra la "absoluta falsedad" de las acusaciones
SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha decidido remitir a la Fiscalía Anticorrupción el expediente completo de la adjudicación, mediante concurso público, del expositor de Andalucía en la edición 2009 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la empresa Decoestudio, S.A. para demostrar la "absoluta falsedad" de las acusaciones vertidas sobre dicho expediente.
En el mismo sentido, y según un comunicado de la Consejería, el Consejero de Turismo, Luciano Alonso, ha solicitado su comparencia, a petición propia, ante la Comisión correspondiente del Parlamento de Andalucía.
Ante las "burdas denuncias" realizadas públicamente sin acudir a los Tribunales de Justicia o la propia Fiscalía en relación con la legalidad de dicha adjudicación, la Junta de Andalucía, en aras de la mayor transparencia y especialmente para preservar el buen nombre de la Administración autonómica y del personal que intervino en la citada contratación, ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción todos los documentos relacionados con la misma, toda vez que el PP había reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que investigara el procedimiento de adjudicación.
Poniendo la documentación incluso a disposición de los medios de comunicación, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte quiso aclarar que todas las empresas que se presentaron a dicho concurso público, cuya convocatoria se publicó seis meses antes de la celebración del evento, "reunían las condiciones del perfil de contratante requerido en la convocatoria", que se acogía a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia recogidos en la normativa autonómica de licitaciones públicas.
Así, el contrato formalizado con Decoestudio S.A., tras consumarse previamente el correspondiente proceso administrativo, ha sido firmado "única y exclusivamente" con Isabel Sánchez Hidalgo como administradora única de la empresa, tal y como consta en su declaración responsable, "y con ninguna otra persona".
La Junta de Andalucía, como el resto de Administraciones Públicas, "carece de mecanismo alguno para excluir a una empresa de un concurso público, o de negar una adjudicación, fuera de los supuestos contemplados por la Ley".
CONTRATOS ANTERIORES
En este sentido, la Junta de Andalucía ha contratado con dicha empresa, que lleva tres décadas operando en el mercado, "exactamente igual que otras Administraciones de distinta base territorial y de distinto signo político", figurando entre ellas, la Comunidad Foral de Navarra (Fitur 2004); el Gobierno de la Comunidad de Madrid (expositor de la Consejería de Sanidad y Consumo en Fisalud 2004 y 2005; el stand de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica en Salón del Gourmet en Madrid 2004; la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid, 2006; la Oficina Española del Parlamento Europeo en Madrid (Cumbre de Jefes de Estado en Sevilla y Madrid en 2002 y la campaña de Elecciones al Parlamento Europeo en 2004) o el Ministerio de Medio Ambiente ininterrumpidamente desde 1995.
Así, aclaró la Junta que las ofertas económicas presentadas por las distintas empresas concursantes, hasta un total de seis ninguna de las cuales impugnó el concurso-- oscilaban entre un montante de 2.456.418,51 euros la más baja, alcanzando la más alta la cifra de 2.652.915 euros, adjudicándose el contrato a la empresa Decoestudio, S.A. por un montante de 2.520.268,46 euros, es decir, en la media de la horquilla de las ofertas.
NIEGA SOBREPRECIO
En este sentido, "carece de toda lógica acusar de haber pagado un sobreprecio --lo que podría ser un ilícito penal-- y mucho menos sobre la base de una supuesta comparación con el montante económico de otros expositores, sin tener en cuenta ni comparar los contenidos de los mismos, las calidades y equipamientos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, por no hablar del número de patronatos provinciales de turismo albergados, ocho en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Concluye el comunicado de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte señalando que la Junta de Andalucía "tiene la mejor disposición, y el mayor interés, en que la Administración de Justicia determine, si lo estima oportuno, el ajustado y escrupuloso respeto a la legalidad en el citado procedimiento, aunque sólo sea para dejar en evidencia a quienes intentan inútilmente entorpecer o desprestigiar la acción de los Tribunales, de la fiscalía y de los Cuerpos de Seguridad".
