MÉRIDA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha solicitado un informe al Consejo Consultivo de Extremadura sobre la "conformidad constitucional" del artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como de "cualquier otro precepto que por conexión se considere objeto de impugnación". Dicho artículo hace referencia a las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir.
Así lo anunció la consejera de Presidencia de la Junta extremeña, Casilda Gutiérrez, en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta, reunido hoy en Mérida, y después de que hoy el Boletín Oficial del Estado haya publicado el nuevo Estatuto andaluz y de que haya entrado por tanto en vigor el mismo. En la comparecencia informativa también estuvo presente la consejera Portavoz, Dolores Pallero.
La consejera de Presidencia explicó que no existe una fecha marcada para que el Consejo Consultivo realice el citado informe, aunque dijo que "se supone que se hará con la mayor brevedad", y añadió que una vez que el Consejo Consultivo realice su informe, el Consejo de Gobierno de la Junta acordará, en su caso, la interposición del citado recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, el citado artículo 51 del nuevo Estatuto de Andalucía, establece que dicha comunidad "ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución".
El presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció en Sevilla el pasado 21 de febrero que "sin duda" recurriría ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, "en el momento en que se publique", por considerar que la regulación que se hace de la Cuenca del Guadalquivir "afecta a competencias exclusivas del Estado".
