MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, titulado por Antonio Alcázar, abre un Expediente Gubernativo para investigar la filtración del acta de la declaración del ex consejero del Gobierno murciano, Francisco Marqués, "por pertenecer a una pieza separada de las Diligencias Previas 1359/07, que había sido declarada secreta". Así lo confirmó hoy la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), en comunicado de prensa.
El magistrado Antonio Alcázar decretó el pasado sábado libertad con cargos para el ex consejero del Gobierno murciano y director de Hefame, Francisco Marqués, al que le imputó los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Así como tener que presentarse cada mes en los juzgados y la retirada del pasaporte, aunque con solicitud expresa para salir del país por motivos laborales.
En la declaración ante el magistrado instructor del caso estaba previsto que el ex consejero esclareciera el hallazgo de más de 40.000 euros en el trastero de su vivienda habitual en la capital murciana, así como el modo de adjudicación de sus seis viviendas --en Valencia, Madrid, Murcia-- y unas posibles cuentas en el extranjero.
Una declaración que, al parecer, fue filtrada, y por la que hoy los partidos políticos exigían la comparecencia del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en la Asamblea Regional o en una futura Comisión de Investigación sobre el caso de La Zerrichera "para que de las explicaciones que tenga sobre este asunto".
Y es que, según lo publicado hoy en medios regionales, el ex consejero Marqués señaló en su declaración que pensó que, "cuando el ex director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, utilizó la expresión 'gran muñidor' en una conversación telefónica intervenida por la policía, se refería al presidente".
CASO ZERRICHERA.
El caso judicial sobre la finca de La Zerrichera, situada en Águilas, se inició hace años a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE.
En concreto, el Grupo Hispania pretendía construir en dicha finca, de más de 200 hectáreas y declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), un complejo urbanístico de 4.000 viviendas, campo de golf y un hotel de lujo. La finca consiguió la recalificación como urbanizable por el Ayuntamiento de Águilas en 2004, etapa en la que Marqués era consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional.
Posteriormente, el también ex consejero Benito Mercader ordenó elaborar un Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara, donde se encuentra dicho paraje.
Igualmente, hubo una querella del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, dirigida contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; y los que eran en aquel momento director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López. Se añadió al entonces jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Industria y Medio Ambiente y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
Tras la denuncia y presentación de esta querella, el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha dirigido la investigación judicial del caso.
Por último, en octubre de 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia dictó un Auto en el que decretaba de nuevo, tras escuchar las alegaciones de las empresas afectadas, la suspensión de la Orden de la Consejería de Obras Públicas de 13 de febrero de 2006, que permitía modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas (PGOU) para clasificar como suelo urbanizable sectorizado los terrenos de La Zerrichera de Águilas (Murcia); manteniendo así el Auto de 26 de julio de 2007.
