Koldo García llega al Supremo para que el juez decida si le envía a prisión provisional por la trama de mascarillas

1031265.1.260.149.20251127123340

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha llegado sobre las 12.25 horas al Tribunal Supremo, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares hayan pedido el ingreso en prisión provisional del que fuera su jefe en Transportes, el exministro José Luis Ábalos, de cara al juicio que se celebrará por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por dicho Ministerio durante la pandemia.

García ha entrado al alto tribunal por la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban desde primera hora de la mañana decenas de medios de comunicación. Ha llegado junto a su abogada con una mochila grande y ha optado por no hacer declaraciones a la prensa.

La vista del exasesor de Transportes tendrá lugar después de que se celebrara la de Ábalos, que ha durado unos 40 minutos, y en la que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado su ingreso en prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la COVID-19.

Al igual que la Fiscalía, las acusaciones populares --lideradas por el PP-- han reclamado también al instructor, el magistrado Leopoldo Puente, que envíe a Ábalos a la cárcel hasta que se celebre el juicio.

Según las fuentes consultadas, en el marco de la vista, el propio Ábalos ha tomado la palabra para defender que en su caso no hay riesgo de fuga, al tiempo que ha enfatizado que no tiene dinero ni a dónde ir.

De cara al juicio, la Fiscalía pide al Supremo que condene a Koldo 19 años y medio de cárcel, mientras que las acusaciones populares reclaman una pena de hasta 30 años de prisión. El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada; las acusaciones, por su parte, le atribuyen los mismos delitos y le añaden dos más: prevaricación y falsedad en documento oficial.